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Venezuela: Naciones Unidas denunció 7.000 ejecuciones extrajudiciales en un año y medio

El documento fue presentado por la comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, quien visitó el país semanas atrás y pidió por la disolución de las Fuerzas Especiales.

Caracas- Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado ayer por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), Michelle Bachelet, que visitó ese país semanas atrás. La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.

“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el Gobierno venezolano.

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, resalta Bachelet en su informe.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó una portavoz, Ravina Shamdasani. “No las habíamos publicado hasta ahora. Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló. Además, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, informó la alta comisionada.

Venezuela atraviesa una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países. El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

“El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, explica el texto.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”, replicó el Gobierno de Maduro, quien agregó: “El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.

La situación es “compleja”, admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba bajo arresto por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y que presuntamente fue torturado, fue el último caso público que generó conmoción en todo el mundo. Por otra parte, el lunes pasado Rufo Chacón, de 16 años, perdió los ojos tras recibir 52 balas de goma a quemarropa, durante la represión de una protesta por falta de gas en el estado andino de Táchira.

Y es por esos casos, entre otros, que hoy en Venezuela se celebrará el Día de la Independencia con el regreso de las protestas callejeras del antichavismo. La movilización fue anunciada el lunes por el propio Juan Guaidó.

Agencias AFP, ANSA y Télam

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