Vicentin: el Banco Nación le solicitó a la Corte de Santa Fe que avance con el “cramdown”

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Ya lo había adelantado el presidente Alberto Fernández, en declaraciones a la prensa. Y el propio presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, se manifestó a favor de que la Corte Suprema de Santa Fe avance en un proceso de “cramdown” o “salvataje” de la empresa agroindustrial Vicentin que entró en default en 2019 con deudas superiores a los u$s1.600 millones. Ahora llegó la presentación oficial en la Justicia de la entidad pública -y principal acreedora de la firma- para que se expida al respecto en breve como alternativa a una posible quiebra del grupo.

La entidad en el escrito solicita que “se defina prontamente el remedio jurisdiccional que este Alto Cuerpo entienda más procedente para concluir el período de exclusividad estérilmente transitado y prorrogado, en virtud de no haber propuesta alguna susceptible de ser homologada, y proseguir, sin más, hacia la etapa de ‘segunda ronda concordataria’, ‘salvataje’ o ‘cramdown’, en la inteligencia que este litigio de interés público, merecedor de una tutela jurisdiccional diferenciada, tenga una salida virtuosa que concilie los intereses particulares afectados con el enorme e insoslayable interés general comprometido en la causa”.

En tanto, en otra parte del escrito los apoderados del Banco Nación detallan como fundamento a su petitorio: “En fecha 28/04/2022 la concursada, a través del presidente de su pretensamente ‘remozado directorio’, el Sr. Omar Adolfo Scarel, procedió a aceptar la ‘oferta de compra de acciones’ efectuada por Viterra Argentina -’interesado estratégico’ del foráneo Grupo Glencore- de las que Vicentin era titular en la ‘estratégica’ Renova, pese a haber una interdicción vigente en sede penal al respecto, y sin que ello alterara el ánimo judicante del juez local Lorenzini sumado a que a nuestro mandante -acreedor privilegiado- no se le ha formulado propuesta alguna de pago en el marco del concurso en trámite, no tenemos dudas que la única salida alternativa, a la inevitablemente falimentaria y con extensión de quiebra a toda la ‘entente empresarial vinculada’, es transitar prontamente la ‘segunda ronda concordataria’, ‘salvataje’ o ‘cramdown’, dado que a todas luces es inviable lo que ha ensayado hacer la multideudora colectiva en el estadio del período de exclusividad de su amañado -y estéril proceso concursal, tal como se viene insólitamente desarrollando hasta el presente”.

Respecto de este último punto Hecker advirtió que, si el juez Fabián Lorenzini homologaba la propuesta que la empresa había presentado, se abría una “posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía”.

“Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80% en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, subrayó Hecker. Por último, el funcionario recordó que el banco “manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”.

El cramdown es un mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control de la compañía. A partir de aquí el Gobierno podría poner un pie en la empresa agroindustrial teniendo en cuenta que es el principal acreedor de la firma con deudas por más de u$s300 millones.

En la vereda de enfrente, un grupo de privados tampoco se queda atrás y, ante la posible apertura de un salvataje, Viterra junto con Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que serían acompañadas por otras firmas del sector, continuarían pujando para tomar el control de la empresa en la que en la práctica ya están operando porque utilizan sus plantas bajo la modalidad de fazón.

Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de u$s1.600 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que ahora deberá dirimir la Corte Suprema santafecina.

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