Política

Ya investigan plan social del Gobierno

La Justicia abrió una investigación en torno del plan social montado en silencio por el Gobierno para 114 mil desocupados con bonos de $5.000 canalizados a través de punteros propios e intendentes de Juntos por el Cambio en los días previos a la elección general del 27. El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello citó al periodista Mariano Martín, de Ámbito Financiero, para tomarle declaración testimonial el martes próximo a las 11.

Se trata de una etapa preliminar a la eventual elevación a juicio oral de manera exprés de una causa contra el Ministerio de Producción y Trabajo, la cartera del Ejecutivo que implementó el programa a través de la resolución 1177 que reveló este miércoles, en exclusiva, este diario. El mecanismo de enjuiciamiento en tiempo récord fue incorporado en los últimos procesos electorales y anticipa la intervención de la jueza federal María Servini de Cubría, que también tiene competencia en esa materia.

Di Lello convocó al trabajador de prensa una vez anoticiado de la publicación de la normativa, que desde el 3 de octubre lleva la firma del secretario de Empleo, Fernando Prémoli y que tuvo circulación interna en la cartera a cargo de Dante Sica pero que no fue jamás publicada en el Boletín Oficial. Esa condición subterránea y la existencia de listados con la asignación de fondos a varios distritos para el pago de un número ya resuelto de bonos le hizo sospechar al fiscal que podría tratarse de una maniobra destinada a entregarles a dirigentes del oficialismo nacional la herramienta de ofrecer esos pagos por única vez a desempleados sin ingresos para direccionar el voto hacia los candidatos de Juntos por el Cambio.

Hasta ayer en Trabajo evitaron dar una explicación oficial sobre la puesta en marcha del plan y la existencia de los listados con una divisoria por distritos de presupuestos y cantidad de bonos. Este diario pudo establecer que si bien Prémoli firmó la resolución 1177 el 3 de octubre, existen documentos oficiales previos al menos desde el 25 de septiembre que dan cuenta de un trámite interno que no fue dado a conocer a las intendencias no oficialistas.

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