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YPF: guiño de EEUU para ahorrar u$s 3.500 millones en 2019

La jueza aguardará una resolución del máximo tribunal de ese país, al que le resta una decisión de Trump. Burford y Eton deberán esperar.

Loretta Preska le dio ayer un nuevo guiño a la Argentina, en el juicio que se le plantea al país en ese tribunal por la reestatización de YPF. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, heredado de Thomas Griesa, falló a favor de la República Argentina suspendiendo la definición de los casos “Petersen” y “Eton Park” hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo del fondo Burford Capital.

Como el tribunal está esperando la opinión del Gobierno de Donald Trump, gestión que monitorea los tiempos en línea directa con el Ejecutivo de Mauricio Macri, la definición se demoraría hasta fin de año, con lo que la resolución del caso podría extenderse hasta 2020. Y con esto, Argentina no tendrá que emitir este año deuda por aproximadamente u$s3.500 millones para cumplir con el pago, según el reclamo que Burford y Eton iniciaron al país, y que ya tiene sentencia negativa en primera y segunda instancia.

Ahora, hasta que se defina la Corte Suprema de EE.UU., queda en stand by el fallo de principio de abril que había obtenido Burford en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde se consideró que Argentina había violado los términos de la expropiación de la empresa petrolera y que la definición debía acelerarse más allá de los tiempos de la Corte. Días atrás Preska aclaró que en la causa no figura como demandante el grupo local Petersen, y que las empresas litigantes con el mismo nombre (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora) no tienen que ver actualmente con los exsocios argentinos de la petrolera en los tiempos de Repsol (la familia Eskenazi).

Queda ahora firme el fallo del 4 de enero pasado, donde la Corte de EE.UU. resolvió solicitar al Gobierno de ese país su opinión sobre el reclamo de la Argentina de mudar la jurisdicción de la causa a las cortes nacionales. Ese día el tribunal publicó que se le pedirá al “solicitor general” (abogado del Estado) su opinión sobre el caso, antes de dictar sentencia definitiva sobre el pedido de la Argentina. El “solicitor” depende del Gobierno de Donald Trump y la Corte no le determinó tiempos límites para que emita su opinión, con lo que éste podría tomarse un muy largo rato antes de expresar su visión sobre el pedido de la Argentina de mudar la causa a los tribunales locales. Se estima que en tiempos lánguidos, el “solicitor” podría demorarse hasta 9 meses antes de enviar su escrito a la Corte. Lo positivo del caso, para los intereses nacionales, es que la muy buena relación bilateral entre los gobiernos de Trump y de Mauricio Macri podría jugar a favor y demorar al máximo posible el envío de la opinión del Gobierno federal. Si bien los tiempos no están determinados legalmente, lo cierto es que esta petición haría el trámite todo lo lento que quiera el propio “solicitor”, salvando al país de un eventual pago, al menos durante todo 2019. Lo malo del caso es que si la sentencia final es negativa para el país, los intereses seguirán corriendo y la resolución será aún más onerosa para la Argentina. En tiempos de tasas de interés extravagantes por un riesgo-país por encima de los 900 puntos, lo mejor que le podía pasar hoy al Gobierno nacional es no tener que salir a captar fondos para liquidar en este juicio. Habrá que esperar mejores tiempos financieros en 2020. A enero, la causa sumaba un monto de pasivo aproximado de unos u$s1.450 millones, los que sumado a los intereses más otros casos conexos que se sumarían luego del fallo definitivo podrían demandarle al país el pago de entre u$s3.000 y u$s3.500 millones. El monto final dependerá de la resolución de la jueza de primera instancia Loretta Preska y del resultado definitivo que tome la magistrada en el caso de que la Corte falle en contra de la Argentina.

El guiño que llegó ayer desde Nueva York implica una señal positiva para el país en cuanto a la resolución final del caso. Recuerda el especialista Sebastian Maril, director de FinGuru, que “cada vez que la Corte Suprema EE.UU. pidió opinión del Gobierno de los EE.UU., terminó siendo favorable a intereses argentinos y aceptó el caso”, pero que sin embargo “el fallo final terminó siendo contra la Argentina”. De hecho, el último ejemplo fue muy negativo para el país. Fue la causa contra los fondos buitre, donde la Corte Suprema también solicitó en 2014 su opinión al entonces Gobierno de Barack Obama, que tenía una mala relación con el de Cristina de Kirchner, pero igualmente recomendó que se escuchara la versión oficial de la Argentina y la Corte tomara el caso. Finalmente, el máximo tribunal lo rechazó y la causa volvió directamente al juzgado de Thomas Griesa, quedando firme el fallo a favor de los fondos buitre.

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le compró a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país pero que al momento de la reestatización ya había abandonado junto a otra bajo las leyes australianas, para comprar acciones de la petrolera en 2008. La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el Gobierno de Cristina de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones. Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con cotización en la Bolsa de Londres dedicado a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución. La clave del negocio es que la compra del juicio no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia.

Según Maril, “el Gobierno de esta manera logra patear hacia adelante una difícil y aún poco clara definición de un juicio que comenzó a principios de 2015. Ya no está en juego el daño económico que podría enfrentar el Estado como principal accionista de YPF. Ayer, la jueza Loretta Preska se encargó de poner esta discusión última en la fila de las preocupaciones que tiene el presidente Macri y dejar que la Corte Suprema de los EE.UU. se expida sólo en el tema jurisdicción. Únicamente con una decisión contra los intereses argentinos de los nueve jueces supremos, el tema por daños económicos regresaría a la primera plana. Pero esto recién podría ocurrir durante el tercer trimestre del corriente año y con seguridad, el pago multimillonario, de ocurrir, sería responsabilidad del próximo Gobierno”.

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