La digitalización de los servicios médicos promete mejorar diagnósticos, facilitar el seguimiento de enfermedades y reunir información que antes quedaba dispersa en expedientes físicos. Pero cuando esa tecnología llega a hospitales públicos mediante acuerdos con organizaciones privadas, aparece una pregunta que no puede quedar fuera de la discusión: ¿quién conserva el control de los datos de los pacientes?
8 de noviembre 2026 - 14:00
Carlos Slim Helú en el centro de la polémica por la información médica de millones de mexicanos: la donación que abrió un debate incómodo
La Fundación Carlos Slim donó tecnología a hospitales públicos y un estudio cuestionó el control de los datos médicos recopilados mediante esos sistemas.
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Ese interrogante quedó en el centro de una investigación sobre la participación de la Fundación Carlos Slim en el sistema de salud mexicano. El trabajo advierte sobre posibles vacíos legales relacionados con la información clínica que se genera a través de equipos, computadoras y plataformas digitales entregadas a instituciones públicas.
El tema involucra a Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más poderosos de México, pero también a millones de personas que utilizan los servicios de salud. La discusión no se limita al valor de la tecnología donada, sino a las condiciones bajo las cuales se recopilan, almacenan y administran datos sensibles.
Qué relación tiene la fundación de Carlos Slim Helú con los datos médicos de los mexicanos
Entre 2020 y 2025, la Fundación Carlos Slim donó más de 557 millones de pesos en equipos médicos, computadoras y plataformas digitales a centros de salud estatales y federales. Esos recursos permitieron incorporar herramientas tecnológicas que recopilan información de distintos grupos de pacientes, desde mujeres embarazadas y recién nacidos hasta niños y adultos con enfermedades crónicas.
El punto controvertido surge por el destino de la información generada a través de esos sistemas. De acuerdo con el estudio Salud deteriorada: opacidad y negligencia en el sistema público de salud, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), existirían condiciones que permitirían a la fundación conservar derechos sobre bases de datos producidas mediante la tecnología entregada.
La investigación plantea que registros sobre vacunación, trastornos infantiles y enfermedades crónicas podrían quedar bajo control de la organización privada. La cuestión central es determinar qué derechos tienen las instituciones públicas y los pacientes sobre esa información, así como cuáles son los límites para su utilización.
Cómo funciona el sistema MIDO vinculado con la Fundación Carlos Slim
Uno de los instrumentos señalados en la investigación es MIDO, un modelo registrado que utiliza algoritmos y herramientas de inteligencia artificial para procesar información médica. Su objetivo es identificar patrones, apoyar la detección o descarte de enfermedades y ofrecer orientación a los pacientes.
La fundación comenzó a firmar convenios para implementar este sistema desde 2012, tanto con la Secretaría de Salud federal como con al menos 27 instituciones estatales. Su presencia en hospitales y clínicas permitió extender el uso de herramientas digitales para recopilar y analizar información clínica.
Sin embargo, el estudio de MCCI también plantea interrogantes sobre los resultados concretos del modelo. Entre ellos, señala que no está claro en qué medida su implementación ha contribuido a mejorar el seguimiento y la atención de enfermedades crónicas, como la diabetes.
Los registros clínicos contienen información especialmente delicada. Pueden incluir antecedentes de enfermedades, tratamientos, resultados de estudios, esquemas de vacunación y datos sobre la salud de personas que utilizan servicios públicos. Por esa razón, la discusión sobre su administración no es equivalente a la de una base de datos comercial. El acceso, la conservación y el eventual uso de esa información requieren garantías claras sobre privacidad, seguridad y consentimiento, además de reglas que definan las responsabilidades de cada institución involucrada.
La investigación pone el foco en la falta de claridad sobre la titularidad y el control de los datos. No obstante, es importante distinguir entre los señalamientos del estudio y una resolución judicial que determine responsabilidades: la existencia de una controversia sobre derechos de propiedad intelectual no significa, por sí sola, que se haya probado un uso indebido de la información.
El debate requiere conocer con precisión qué establecen los convenios firmados entre la fundación y las instituciones sanitarias. También resulta necesario aclarar quién administra las bases, cuánto tiempo conserva los registros, qué mecanismos existen para protegerlos y bajo qué condiciones pueden utilizarse con fines distintos de la atención médica.
Otra cuestión es el derecho de los pacientes a saber qué información se recopila y quién puede acceder a ella. La digitalización puede ofrecer beneficios importantes para los servicios públicos, pero esos avances necesitan reglas transparentes que eviten que la innovación tecnológica avance más rápido que las garantías de privacidad.
La controversia alrededor de Carlos Slim Helú y los datos de salud expone un desafío que va más allá de una donación: definir cómo se protege la información médica cuando participan instituciones públicas y organizaciones privadas. La tecnología puede mejorar la atención, pero la confianza de los pacientes depende de que sus datos tengan una protección verificable.
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