Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional que impactará directamente en el sistema de pensiones de altos exfuncionarios federales en 2026. La propuesta busca eliminar las llamadas “pensiones millonarias” que actualmente reciben directivos y personal de confianza de empresas productivas del Estado y banca de desarrollo, cuyos montos superan incluso el salario de la titular del Ejecutivo.
25 de febrero 2026 - 15:00
Claudia Sheinbaum le quita pensiones a miles de mexicanos en 2026: quiénes cobrarán menos dinero a partir de ahora
Claudia Sheinbaum propone tope a pensiones millonarias en 2026: quiénes cobrarán menos y cómo afectará a exfuncionarios de Pemex, CFE y banca pública.
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El debate no es menor. De acuerdo con datos oficiales, existen casos de exfuncionarios que perciben más de un millón de pesos mensuales por concepto de pensión, lo que equivale a más de 12 millones de pesos al año con cargo al presupuesto público. El gobierno federal sostiene que estos esquemas representan un privilegio desproporcionado frente a las pensiones promedio que reciben millones de trabajadores en México.
Claudia Sheinbaum le pone fin a las pensiones millonarias: la propuesta para el Congreso
La reforma, que será enviada al Congreso en los próximos días, plantea establecer un tope máximo a las pensiones de altos mandos. La medida, según el Ejecutivo, no afectará a trabajadores de base ni a jubilados del IMSS o ISSSTE, sino exclusivamente a personal de confianza de alto nivel en entidades como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, así como en la banca de desarrollo.
La reforma está dirigida a:
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Exfuncionarios de alto nivel bajo el régimen de confianza.
Directivos que no estaban sujetos a contrato colectivo sindical.
Jubilados cuyas pensiones superan el salario de la Presidencia.
En Pemex, por ejemplo, se detectaron 144 personas pensionadas que reciben más que la Presidenta en funciones. Además, existen más de 600 casos donde la pensión supera el ingreso del Director General en activo. En promedio, algunos pensionados de confianza llegan a percibir hasta 39 veces más que el promedio nacional de jubilaciones, que ronda entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales.
En la CFE, el padrón de jubilados del régimen de confianza asciende a 54,000 personas y representa un costo cercano a 41,000 millones de pesos anuales. Dentro de ese universo, más de 2,000 exfuncionarios superan el salario presidencial.
También se detectaron casos en la banca de desarrollo, incluyendo instituciones como Nacional Financiera, Banobras y Bancomext, donde decenas de exdirectivos rebasan los límites que establece el ISSSTE para las pensiones más altas.
La propuesta establece que ninguna pensión de exfuncionarios de alto mando podrá exceder el 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal.
En términos prácticos, esto implicaría un tope aproximado de 70,000 pesos mensuales. Es decir, quienes hoy cobran cientos de miles de pesos —o incluso más de un millón— verán reducido su ingreso a ese límite una vez que la reforma entre en vigor.
El ajuste no será retroactivo. Esto significa que no se pedirá la devolución de lo ya cobrado, pero los pagos futuros sí se modificarán de inmediato tras la aprobación constitucional.
La reforma no afectará:
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Trabajadores de base.
Jubilados bajo contratos colectivos sindicales.
Pensionados del IMSS.
Pensionados del ISSSTE dentro del marco legal vigente.
El objetivo es recortar exclusivamente los beneficios extraordinarios otorgados a altos mandos de confianza que, según el diagnóstico oficial, se asignaron condiciones privilegiadas por fuera de los esquemas tradicionales de seguridad social.
La iniciativa será enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación como reforma constitucional. El planteamiento central es blindar el nuevo tope para evitar que pueda revertirse fácilmente mediante litigios ordinarios.
Uno de los argumentos clave del Ejecutivo es el principio de austeridad republicana y equidad fiscal. Actualmente, además de los montos elevados, algunos jubilados de estos sectores reciben subsidios parciales en el Impuesto Sobre la Renta, lo que genera un costo adicional de 2,400 millones de pesos anuales.
El gobierno estima que el nuevo tope permitirá ahorrar aproximadamente 5,000 millones de pesos cada año. Estos recursos serían redirigidos a programas sociales y políticas de bienestar.
El discurso oficial sostiene que el servicio público no debe ser una vía para asegurar ingresos vitalicios desproporcionados. La comparación es contundente: mientras algunos exdirectivos reciben más de un millón de pesos al mes, millones de mexicanos pensionados viven con ingresos que apenas cubren necesidades básicas.
La administración anticipa que podría haber amparos e impugnaciones por parte de los afectados. Sin embargo, al elevar la medida a rango constitucional, se busca dar solidez jurídica a la decisión.
Si el Congreso aprueba la iniciativa y es avalada por los congresos estatales, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, los pagos deberán ajustarse automáticamente al nuevo límite.
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