El brazo fiscalizador de Hacienda no distingue edades cuando se trata de inconsistencias. Aunque no es una cacería generalizada, el SAT confirma que ejercerá sus facultades de comprobación domiciliaria en casos específicos de pensionados.
Checa lo que tiene para decir el SAT.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto las cartas sobre la mesa para el ejercicio fiscal 2026: la edad no es una eximente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La autoridad fiscal ha confirmado que, dentro de sus estrategias de fiscalización, se contemplan las visitas domiciliarias a pensionados y jubilados, un procedimiento administrativo que ha encendido las alertas en este sector vulnerable de la población.
Es fundamental aclarar que esta medida no será masiva ni aleatoria para todos los jubilados. No obstante, aquellos que presenten discrepancias entre sus ingresos y gastos, o inconsistencias en sus declaraciones, podrían recibir la visita de un auditor en la puerta de su hogar.
Lejos de ser una medida arbitraria, esta acción está blindada por la ley. El SAT se ampara en el Artículo 42, Fracción III del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este apartado otorga a la autoridad la facultad de practicar visitas domiciliarias con un objetivo claro: verificar la veracidad de los datos proporcionados y comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales.
El mensaje es claro: mientras mantengan su condición de contribuyentes activos (por ejemplo, pensionados que además reciben ingresos por arrendamiento o actividad empresarial), los adultos mayores están sujetos al escrutinio del fisco.
Dada la sensibilidad del grupo demográfico, el SAT y la legislación mexicana establecen protecciones específicas. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Artículo 5º) garantiza el acceso a asesoría jurídica gratuita.
Si un auditor del SAT se presenta en el domicilio, el jubilado tiene derechos inalienables que debe hacer valer:
Información clara: Debe ser informado sobre sus derechos y obligaciones desde el primer momento.
Carta de Derechos: Exigir la entrega de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado.
Corregir antes de la multa: El contribuyente tiene derecho a corregir su situación fiscal (mediante declaración normal o complementaria) desde que inicia la revisión y hasta antes de que se notifique la resolución final.
El objetivo de la visita es la regularización. Si el jubilado opta por corregir su situación fiscal voluntariamente tras la revisión, puede acceder a una reducción de multas significativa:
Multa del 20%: Si paga las omisiones antes de que se le notifique el acta final.
Multa del 30%: Si paga después del acta final, pero antes de la liquidación formal.
Además, entendiendo la liquidez limitada de muchos pensionados, el fisco ofrece la opción de pagos a plazos (hasta 36 meses) o diferidos (hasta 12 meses), siempre que se garantice el interés fiscal.
Un dato clave para la defensa del jubilado es el tiempo de la autoridad. El SAT tiene un plazo fatal de seis meses para determinar las contribuciones omitidas durante la visita. Si la autoridad excede este tiempo sin emitir una resolución, se entiende legalmente que no existe deuda fiscal por el periodo revisado, concluyendo el acto de molestia sin costo para el ciudadano.