La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores advierte que el límite a las deducciones del ISR podría obligar a pagar impuestos sobre ganancias no obtenidas.
Incertidumbre en industria automotriz.
La industria automotriz en México enfrenta un panorama incierto ante la inminente reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2027. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la limitación propuesta a las deducciones fiscales pone en grave riesgo la operación de al menos mil agencias y la estabilidad de cerca de 70 mil empleos directos.
La preocupación surge de la establecida reforma que fijaría un techo del 96.6% a las deducciones de gastos. Esto podría forzar a las distribuidoras, que trabajan con márgenes de ganancia muy reducidos, a tributar sobre utilidades que en realidad no han obtenido, llevando a un cierre masivo de empresas con bajo rendimiento. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, ha sido la voz principal en alertar sobre esta crítica situación.
La AMDA ha calculado que por cada 100 pesos que ingresan a las agencias automotrices, la utilidad antes de impuestos se reduce a tan solo 38 centavos. La mayor parte de estos ingresos se destina al pago de los vehículos a las armadoras (85.05 pesos), seguido por gastos departamentales (9.13 pesos), costos administrativos y corporativos (3.48 pesos), y financiamiento (1.96 pesos). Esta estructura de costos subraya la fragilidad financiera del sector.
Las concesionarias operan con ganancias mínimas, donde el costo de inventario, salarios, rentas y financiamiento dejan una ganancia neta de apenas 0.38 centavos por cada 100 pesos facturados. La reforma fiscal, al limitar las deducciones, castigaría desproporcionadamente a las empresas con márgenes de utilidad más bajos. Por ejemplo, una distribuidora con un margen del 1% podría terminar pagando el 100% de ISR sobre su ganancia, y con un margen del 0.5%, la tasa efectiva de ISR podría alcanzar un insostenible 200%.
Este escenario no se debe a prácticas de evasión fiscal, sino a las condiciones intrínsecas del mercado automotriz, que ya ha experimentado una caída del 30% en su rentabilidad en los últimos cinco años. Adicionalmente, el volumen de ventas por agencia ha disminuido considerablemente, pasando de 701 unidades anuales en 2016 a 566 en 2025, lo que agrava la situación de los ingresos de las distribuidoras.
Ante este panorama, la AMDA solicita al Gobierno de México, específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la emisión de un decreto de facilitación fiscal. Este decreto permitiría exentar a las agencias del límite impuesto a las deducciones del ISR, similar a los beneficios otorgados a las armadoras automotrices y a los distribuidores de combustibles.
Argumentan que el sector de distribución vehicular es uno de los más auditados por el SAT y que la estructura de operación, con un único proveedor principal como son las armadoras, facilita el control tributario y reduce las posibilidades de evasión fiscal. La asociación confía en que el diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT pueda ofrecer una resolución que proteja la actividad económica legítima del sector.