Se trata de la principal mina que tiene el país, la cual está en manos extranjeras. En esta nota, los detalles.
Peñasquito, el yacimiento de oro más importante de México.
México está viviendo una etapa de transformación económica que podría cambiar por completo su posición en el mapa mundial. Con yacimientos auríferos de magnitud histórica y una producción que alcanza miles de millones de pesos en ingresos anuales, el país podría estar ante el nacimiento de una nueva era dorada que lo posicione como la “Dubái latinoamericana”. Pero, como la misma está en manos de una compañía de Estados Unidos, la mayoría de las ganancias no quedan en el país.
En el centro de esta revolución minera se encuentra Zacatecas, hogar del yacimiento más grande y productivo del país: la mina Peñasquito, una operación que desde su apertura en 2010 se ha convertido en el motor principal de la producción nacional de oro. De acuerdo con los últimos datos disponibles, este megayacimiento aporta casi el 30% del total de oro extraído en México, consolidando a la entidad como el epicentro de la riqueza minera del país.
Las cifras son asombrosas. Solo en 2022, Peñasquito generó ingresos superiores a 1,900 millones de dólares, además de emplear directamente a más de 2,800 trabajadores y garantizar operaciones por al menos dos décadas más gracias a sus vastas reservas de oro, plata y otros minerales.
Sin embargo, este auge no está exento de polémica. A pesar de que el oro brota del suelo zacatecano, la mina pertenece a Newmont Corporation, una empresa estadounidense con sede en Colorado. Este hecho ha desatado un intenso debate en torno a la soberanía económica del país, pues buena parte de las ganancias terminan en manos extranjeras.
Si bien la inversión extranjera ha impulsado el desarrollo regional y generado empleos, la concentración de utilidades fuera de México limita el impacto estructural que esta riqueza podría tener sobre la economía nacional. En 2022, la mina Peñasquito fue responsable del 28.8% de la producción de oro nacional, pero la distribución de esa bonanza sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno federal y las comunidades locales.
El oro mexicano no solo tiene valor como metal precioso: es un recurso estratégico en industrias de alta tecnología, como la electrónica, la fabricación de instrumentos científicos y la reserva financiera internacional. Su control puede redefinir el peso económico de México en el contexto global.
No obstante, la explotación intensiva también tiene consecuencias ambientales significativas. La minería a gran escala requiere el uso de químicos y el movimiento de millones de toneladas de roca, afectando los suelos, el agua y la biodiversidad local. Aunque Newmont asegura operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad, organizaciones sociales y ambientales advierten sobre los impactos ecológicos que podrían prolongarse por décadas.
Convertir a México en una potencia aurífera sostenible —una “Dubái latinoamericana”— dependerá de la capacidad del país para replantear su modelo extractivo. Ello implica fortalecer la supervisión gubernamental, promover la participación de capital nacional, asegurar beneficios directos para las comunidades y proteger los ecosistemas donde se extraen los recursos.
El desafío no está en lo que brilla bajo tierra, sino en cómo se administra, distribuye y preserva esa riqueza. Si México logra transformar su potencial mineral en bienestar social y desarrollo sustentable, el brillo del oro podría marcar el comienzo de una nueva era económica en el país.
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