La Suprema Corte obliga al IMSS a otorgar pensión vitalicia a millones de mujeres a quienes se les había negado
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a otorgar la pensión por viudez a las concubinas que tuvieron hijos con un asegurado fallecido, eliminando la barrera administrativa que les exigía comprobar al menos cinco años de convivencia ininterrumpida.
Este nuevo criterio judicial modifica la interpretación del artículo 130 de la Ley del Seguro Social y representa un giro radical a favor de las beneficiarias. Las mujeres a quienes el instituto les había negado previamente la prestación por no cumplir con la antigüedad de cohabitación podrán iniciar un nuevo trámite, adquiriendo el derecho legal de solicitar el pago retroactivo de las pensiones que les fueron retenidas en el pasado.
Nuevos requisitos y condiciones para exigir la prestación
Para hacer efectivo este reclamo, la resolución establece directrices precisas sobre el estado civil de los involucrados. La SCJN determinó que la pensión debe reconocerse sin importar el tiempo de convivencia siempre y cuando la pareja haya tenido hijos en común y ambos estuvieran libres de matrimonio tanto durante la etapa del concubinato como al momento del deceso del trabajador. Asimismo, el tribunal aclaró que no es estrictamente necesario que el nacimiento de los hijos haya ocurrido dentro del periodo de concubinato.
Pese a la obligatoriedad del fallo, las autoridades aclararon que esta resolución no significa que las mujeres afectadas recibirán depósitos de manera automática durante el calendario de pagos de diciembre de 2026. La restitución de los fondos dependerá de la evaluación individual de cada expediente, por lo que las interesadas deberán acudir al IMSS con la documentación necesaria para acreditar la relación, la existencia de los hijos y las condiciones legales de su estado civil.
En caso de que las ventanillas del instituto mantengan la negativa ante una solicitud fundamentada en este nuevo criterio, las beneficiarias tienen la vía libre para recurrir a las instancias laborales correspondientes y buscar la protección de la justicia federal, haciendo valer la unificación de criterios dictada por el máximo tribunal del país.



