Precios altos y cada vez menos oferta: expertos advierten problemas para rentar casas en CDMX con nueva ley

Los posibles incrementos de precios y la reducción de inmuebles disponibles corresponden a advertencias de especialistas y legisladores, no a efectos confirmados de una legislación aprobada.

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Rentar una casa o departamento en la Ciudad de México (CDMX) podría volverse más complicado durante los próximos meses. Especialistas del sector inmobiliario y legisladores advirtieron que una nueva iniciativa de ley impulsada por el gobierno capitalino podría reducir la cantidad de viviendas disponibles para alquilar y provocar un incremento en los precios.

La preocupación surge a partir de la propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la administración de Clara Brugada. Aunque la iniciativa busca establecer nuevas condiciones para los contratos de arrendamiento y limitar los aumentos en las rentas, algunos expertos consideran que las obligaciones adicionales podrían desalentar a los propietarios de ofrecer sus inmuebles.

La medida todavía se encuentra en proceso de discusión en el Congreso de la Ciudad de México y ha generado diferencias entre las fuerzas políticas.

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Por qué podrían haber problemas para rentar casas en CDMX

La principal preocupación de los especialistas está relacionada con la posibilidad de que disminuya la oferta de casas y departamentos en renta en la CDMX. Según sus advertencias, las nuevas obligaciones contempladas en la iniciativa podrían provocar que algunos propietarios decidan retirar sus inmuebles del mercado de arrendamiento.

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la propuesta para establecer límites a los precios de las rentas, incluso cuando una vivienda cambie de inquilino.

El abogado constitucionalista José Luis Matabuena cuestionó esta disposición al considerar que podría afectar la libertad de los propietarios para establecer las condiciones económicas de sus contratos. Una menor disponibilidad de propiedades podría ocasionar que las personas tengan más dificultades para encontrar vivienda en zonas cercanas a sus trabajos o escuelas.

Esta situación también podría llevar a las familias a buscar alternativas en las periferias de la capital, lo que implicaría mayores gastos de transporte y recorridos más largos para realizar sus actividades diarias.

Por otra parte, la iniciativa ha recibido cuestionamientos de distintos grupos parlamentarios. Andrés Atayde, coordinador de los diputados del PAN, señaló que la propuesta, en sus condiciones actuales, podría generar escasez de vivienda, incrementos en los precios e incertidumbre jurídica.

El legislador adelantó que su bancada votaría en contra si el proyecto no incorpora modificaciones que permitan ampliar la disponibilidad de inmuebles.

Una postura similar manifestó Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital, quien advirtió que su grupo parlamentario tampoco respaldará el documento tal como fue presentado.

El representante del PVEM planteó revisar nueve artículos y analizar una propuesta alternativa para evitar posibles afectaciones a la inversión inmobiliaria y al desarrollo habitacional.

Entre las principales disposiciones que contempla la iniciativa se encuentran:

• - Límites a los incrementos de las rentas: establecer restricciones a los aumentos que pueden aplicar los propietarios.
• - Regulación de garantías y cobros: incorporar disposiciones sobre las condiciones económicas del arrendamiento.
• - Medidas contra la discriminación: incluir reglas para proteger a las personas que buscan rentar una vivienda.
• - Defensoría Gratuita: crear un mecanismo de atención dentro de la Procuraduría Social (Prosoc).
• - Registro digital de contratos: establecer el registro de los acuerdos de arrendamiento ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

El proyecto también propone sanciones económicas. Para los propietarios, se contemplan multas de 11 mil 731 a 46 mil 924 pesos por aplicar aumentos superiores al límite establecido, así como de 2 mil 932.75 a 5 mil 865.50 pesos por no entregar el contrato original.