Quién es el verdadero dueño del Monte de Piedad, los reyes del préstamo prendario en México

La estructura operativa de la institución prendaria más antigua de México se rige bajo un modelo administrativo particular que define su propiedad y gestión.

¿A quién pertenece el Nacional Monte de Piedad?

El Nacional Monte de Piedad es una institución que ha desempeñado un papel fundamental en el sistema financiero social de México desde su fundación en el periodo virreinal. La naturaleza jurídica de esta organización determina la forma en que se administran sus recursos y quiénes son los responsables de su dirección actual.

A diferencia de las empresas privadas convencionales, esta entidad opera bajo lineamientos que priorizan la asistencia pública y el financiamiento accesible para diversos sectores de la población.

¿A quién pertenece el Nacional Monte de Piedad?

¿A quién pertenece el Nacional Monte de Piedad?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, el Nacional Monte de Piedad no cuenta con un dueño particular ni funciona bajo el esquema de un grupo empresarial privado. Esta organización es una Institución de Asistencia Privada (IAP) con un legado de más de dos siglos y medio, enfocada primordialmente en el préstamo prendario y el apoyo social.

Su gestión recae en un patronato, un cuerpo colegiado de consejeros que no poseen la institución, sino que se encargan de vigilar que su operación cumpla con su misión de ayuda. Entre sus figuras más relevantes se encuentran:

• José Antonio Palacios Pérez: Como presidente del patronato, es el responsable de dictar las directrices generales y liderar la estrategia de la organización.
• Pedro Romero de Terreros Gómez Morín: Descendiente directo del fundador, su presencia asegura la continuidad histórica y los valores institucionales en la administración actual.

Sin embargo, el panorama reciente ha sido complejo. Desde finales de 2025, la institución atraviesa una crisis laboral con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, situación que derivó en una huelga en más de 300 puntos de venta a nivel nacional. Los trabajadores señalan incumplimientos en su contrato colectivo, hostigamiento y bajas injustificadas, alegando que la administración busca recortar sus derechos argumentando una supuesta fragilidad económica.