El máximo tribunal invalidó los requisitos estatales que condicionaban el tránsito y la venta internacional de animales, marcando un precedente fundamental para el libre comercio y la agroindustria nacional.
Fallo de la SCJN sobre el ganado mexicano.
En una decisión que redefine las reglas del juego para el sector agropecuario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que pone fin a las trabas burocráticas impuestas por los gobiernos estatales al sector ganadero. En su sesión de este 10 de marzo de 2026, el Pleno determinó que los estados no tienen la facultad de exigir permisos, validaciones previas o guías de tránsito obligatorias para permitir la movilización o exportación de ganado.
La resolución, derivada de la Controversia Constitucional 216/2025 enfocada en la Ley Ganadera y de Desarrollo Pecuario de Nayarit, sienta un precedente a nivel nacional. La medida desmantela un sistema que, en la práctica, funcionaba como una aduana interna, agilizando así las operaciones de miles de productores en el país.
El centro del debate legislativo radicaba en la exigencia de documentos locales para permitir el movimiento de los animales. El Máximo Tribunal invalidó los artículos que condicionaban la movilización y exportación de ganado, productos y subproductos pecuarios a una validación estatal previa.
Entre las prácticas que quedan estrictamente prohibidas para las autoridades locales destacan:
Los ministros de la Corte explicaron que estos requisitos contravienen directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (específicamente el artículo 117, fracción V). Al operar como un sistema de autorización previa, los estados invadían la esfera de competencia exclusiva de la Federación en materia de salubridad general y control zoosanitario.
A pesar de invalidar los permisos de movilidad, la Suprema Corte hizo una distinción importante respecto a los instrumentos de control patrimonial. El Alto Tribunal validó el uso de herramientas como el Registro Electrónico Estatal de Movilización (REEMO).
Sin embargo, su uso cambia drásticamente. La guía de tránsito ahora solo puede existir como un instrumento documental para acreditar la propiedad, la posesión legal o la transmisión de dominio del ganado. En términos prácticos, esto significa que los estados mantienen su facultad de legislar en materia civil y administrativa para saber quién es el dueño de una cabeza de ganado, pero este documento no puede convertirse bajo ninguna circunstancia en un filtro obligatorio o un candado que impida al ganadero trasladar o exportar a sus animales.
Con esta sentencia, la SCJN garantiza el libre tránsito de mercancías pecuarias, protegiendo a los productores de la sobrerregulación y dejando en manos del Gobierno Federal, como dicta la Carta Magna, el control sanitario y los requisitos zoosanitarios del país.
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