17 de noviembre 2026 - 20:10

Ricardo Salinas Pliego se las tendrá que ver con la Suprema Corte, Lenia Batres podría demandarlo por difamación y pone en peligro a TV Azteca

El amago de la integrante del máximo tribunal mexicano se originó a raíz de una investigación periodística difundida por el noticiero de la televisora.

Ricardo Salinas Pliego se las tendrá que ver con la Suprema Corte, Lenia Batres podría demandarlo por difamación y pone en peligro a TV Azteca.

Ricardo Salinas Pliego se las tendrá que ver con la Suprema Corte, Lenia Batres podría demandarlo por difamación y pone en peligro a TV Azteca.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, advirtió que emprenderá acciones legales contra TV Azteca, empresa perteneciente a Ricardo Salinas Pliego por presunta difamación y una supuesta campaña sistemática de desprestigio en su contra. El amago de la integrante del máximo tribunal mexicano se originó a raíz de una investigación periodística difundida por el noticiero de la televisora, en la cual se cuestiona la legalidad, el formato en línea y el proceso de titulación del doctorado en Derecho que Batres cursó recientemente en la Universidad Tepantlato.

La tensión entre la autodenominada "ministra del pueblo" y el conglomerado mediático propiedad de Ricardo Salinas Pliego encendió las alertas en el sector legal e informativo, debido al calibre institucional de los involucrados.

Mientras Batres Guadarrama sostuvo tajantemente que los señalamientos sobre su grado académico son falsos y rebasan los límites de la ética profesional, el empresario respondió con un desafiante mensaje público a través de sus redes sociales, instando a la funcionaria a materializar la amenaza judicial para debatir el tema en los tribunales. "Cuánto les molesta mi doctorado. No tiene ninguna irregularidad. Repito: No tiene ninguna irregularidad. ¿Debo demandarlos para que me dejen de difamar?".

El origen del conflicto: el reportaje sobre el doctorado y la respuesta de la ministra

El detonante de este nuevo diferendo mediático fue un reportaje especial presentado por Azteca Noticias, en el cual se argumentaba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) únicamente otorgó validez oficial a la Universidad Tepantlato bajo la modalidad escolarizada, mientras que el programa cursado por la ministra se habría impartido en formato 100% virtual con mecanismos acelerados de titulación.

Ante esto, Lenia Batres rechazó categóricamente las acusaciones y defendió la validez de su trayectoria académica frente a lo que calificó como ataques concertados:

  • Rechazo a irregularidades: La ministra reiteró en múltiples espacios que su título de doctorado en Derecho Constitucional cumple con cada uno de los lineamientos normativos exigidos por las instancias educativas.

  • Crítica a la cobertura: Cuestionó severamente la postura editorial del medio, señalando que las notas difundidas buscan minar su honorabilidad y la labor que desempeña dentro del Pleno de la SCJN.

  • Defensa institucional de la universidad: Previamente, Batres había respaldado a la Universidad Tepantlato argumentando que por sus aulas han transitado diversos juristas de reconocido prestigio en el sistema judicial mexicano, incluidos ministros en retiro.

La respuesta desafiante de Ricardo Salinas Pliego: "Póngale fecha"

Lejos de matizar la advertencia de la ministra, Ricardo Salinas Pliego reaccionó con ironía y un abierto desafío procesal, asegurando que recibir una demanda de esta naturaleza representaría una oportunidad para demostrar la solidez de la investigación periodística presentada por su empresa de medios.

A través de un mensaje difundido en plataformas digitales, el dueño de Grupo Salinas expresó: "Lenia... por favor, demándeme. Nada me haría más feliz que exhibir ante los mexicanos para qué sirve su doctorado frente a mis abogados. La espero, no se tarde. Le voy a ganar... si usted encabeza la demanda, va a ser lastimoso el resultado. Póngale fecha". Dicha respuesta intensificó el debate público sobre los límites de la libertad de expresión, la fiscalización a funcionarios públicos y el uso de los cauces judiciales por parte de actores con alta visibilidad política.

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