¿Chau austeridad en la Suprema Corte?: el Pleno aprueba aumentode presupuesto para 2027, Lenia Batres se opone y sus compañeros aseguran que es para sueldos

La SCJN defendió su aumento presupuestal del 12.7% para 2027. Lenia Batres criticó el freno a la austeridad; la Corte afirma que cubrirá sueldos básicos.

Tensión al interior de la SCJN por el presupuesto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro del debate público tras defender su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027. Esta postura oficial surge después de que la ministra Lenia Batres ventilara públicamente un oficio acusando al Pleno de revertir los avances logrados en materia de austeridad republicana. El monto total que fue aprobado por el Pleno para el funcionamiento del máximo tribunal asciende a 6,104.5 millones de pesos.

Para justificar estos requerimientos financieros, la Corte difundió este jueves una tarjeta informativa donde argumentó que el incremento solicitado responde directamente al impacto sostenido de la inflación y a las obligaciones legales en materia de remuneraciones. Según los cálculos institucionales, la cifra solicitada representa un crecimiento de 12.7% en términos reales. Por su parte, la ministra Batres había cifrado el alza en un 17.2%, una diferencia estadística que se explica porque ella mide el incremento respecto al presupuesto autorizado para 2026, mientras que la SCJN calcula el porcentaje considerando el efecto inflacionario.

El destino de los recursos y el impacto de los recortes previos

El anteproyecto fue aprobado durante una sesión privada celebrada el pasado 6 de agosto, en estricto cumplimiento del artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el documento ya fue remitido al Órgano de Administración Judicial (OAJ). Para defender su solicitud y apaciguar las críticas, la Corte añadió que 8 de cada 10 pesos del incremento se destinarán a cubrir los sueldos y las prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. El documento señala que estas remuneraciones se determinaron en cumplimiento de los artículos 94 y 127 constitucionales, por lo que ninguna excede el tope salarial presidencial.

El alto tribunal recordó que su operatividad ya se vio comprometida al enfrentar recortes relevantes en ejercicios anteriores: en 2025 la reducción fue del 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos, y en 2026 fue del 11.2%, por 661 millones de pesos.

Como resultado de esas fuertes restricciones financieras, la Corte tuvo que implementar las siguientes medidas de contención:

• Eliminó prestaciones clave para ministras, ministros y mandos superiores, destacando los gastos de teléfonos celulares y de gasolina.

• Canceló de manera general el ajuste salarial para todo el personal de la institución.

• Redujo 83 plazas operativas, lo que representó el 10% de su plantilla administrativa.

• Suprimió los recursos institucionales destinados a las becas para el personal.

Adicionalmente, el nuevo anteproyecto contempla recursos para fortalecer acciones preventivas de mantenimiento y retomar proyectos de innovación en 2027. Entre estas prioridades destaca la urgente renovación del equipo tecnológico de Plural TV, que actualmente acumula más de 20 años de antigüedad operando.

La fricción por los seguros médicos y las pensiones

El punto de mayor tensión entre Lenia Batres y sus compañeros de Pleno radica en la restitución del Seguro de Gastos Médicos Mayores. La ministra sostuvo en su oficio que ese beneficio ya había sido eliminado el año pasado y que el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe explícitamente contratar seguros médicos privados para servidores públicos utilizando recursos del Estado. Batres añadió que no se justifica este gasto privado, ya que el Poder Judicial ya cubre las cuotas del ISSSTE para sus mandos medios y superiores.

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Frente a estos contundentes señalamientos, la SCJN ofreció una lectura distinta de los hechos. En su tarjeta informativa, precisó que el Pleno aprobó por mayoría de seis votos incluir una previsión para ese seguro en favor de todo el personal, con la estricta excepción de las ministras y los ministros. La medida, aclararon, estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal que apruebe la Cámara de Diputados.

Por su parte, Batres fue más lejos con sus exigencias financieras y propuso intervenir diversas áreas operativas:

• Señaló que siguen pendientes los ajustes a las pensiones de ex ministras y ex ministros, cuyo excedente actual rebasa los 54 millones de pesos.

• Indicó que las plazas asignadas a ese esquema de jubilaciones representan otros 39 millones de pesos.

• Propuso suprimir las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros, aclarando que esto solo afectaría el gasto en servicios brindados y no a los trabajadores adscritos.

Tras votar en contra del presupuesto "en su conjunto", Batres solicitó formalmente que se retirara de su ponencia el monto asignado al seguro de separación individualizada y al seguro de gastos médicos mayores, una solicitud que alcanza a 95 personas de su equipo, recordando que ni ella ni su personal han recibido esos beneficios desde su ingreso en diciembre de 2023.

Esta situación reflejó una fuerte fisura institucional, la cual quedó expuesta en la sesión pública del 13 de agosto, cuando la ministra acusó un ambiente de "animadversión insana". Este señalamiento fue rechazado tajantemente por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien defendió que en el Pleno únicamente se exponen argumentos jurídicos sin recurrir a descalificaciones personales.