Presentó una investigación sobre contratos por más de $2,740 millones, presuntas empresas fachada y simulación de competencia en licitaciones electorales.
Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum dio a conocer una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre una presunta red de corrupción vinculada con contrataciones en el Instituto Nacional Electoral (INE). La exposición, encabezada por Raquel Buenrostro, identificó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como figuras centrales de una estructura empresarial que obtuvo contratos millonarios.
Las empresas relacionadas con ambos empresarios acumularon adjudicaciones por al menos $2,740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025. La investigación señaló posibles prácticas de simulación de competencia, vínculos entre proveedores y servidores públicos, utilización de empresas sin capacidad operativa y movimientos financieros que podrían estar relacionados con lavado de dinero.
Durante la presentación, Raquel Buenrostro explicó que los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas se remontan a la década de 1980, cuando ambos comenzaron a trabajar en dependencias de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según la información, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien entonces era director general del Registro Nacional de Población (Renapo). Por su parte, Raymundo Hernández Casillas comenzó a trabajar en el área de Recursos Financieros y Materiales y posteriormente se incorporó al área de investigaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La funcionaria explicó que en 1989 Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del CISEN y José Alfredo continuó como su secretario particular. En ese periodo, el organismo se encontraba bajo la dirección de Jorge Carrillo Olea, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La exposición reconstruyó la trayectoria posterior de Juan Carlos Padilla Aguilar. En 1989 fue nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México (Edomex), durante la administración de Ignacio Pichardo Pagaza. En abril de 2017, Miguel Ángel Osorio Chong lo designó delegado regional de Gobernación para seis estados: Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.
Además, Buenrostro mencionó su participación en el Frente Cívico Nacional desde 2022 y sus coincidencias posteriores con integrantes del partido SOMOS, entre ellos Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova, exfuncionarios vinculados con el INE.
La secretaria explicó que, después de la salida de Padilla Aguilar de la administración federal, los hermanos comenzaron a desarrollar actividades empresariales y a constituir sociedades que participaron como proveedoras de autoridades electorales.
Uno de los primeros antecedentes señalados fue Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, que comenzó a participar en contrataciones de Edomex en 1999. En 1992 se había constituido Formas Finas Fernando Fernández, relacionada con Raymundo Francisco.
La presentación recordó que en Edomex se registró un escándalo por la adjudicación de un contrato de $63.7 millones de pesos a Cartonera Plástica para suministrar material electoral. Las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos derivaron en la renuncia de los siete consejeros electorales de aquella entidad.
Uno de los principales puntos de la exposición fue el volumen de recursos públicos que habrían recibido las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas mediante contratos con organismos electorales. De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre 2015 y 2025 las adjudicaciones identificadas sumaron $2,740.3 millones de pesos.
Durante el periodo de 2015 a 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) asignaron contratos por aproximadamente $2,094 millones de pesos a empresas vinculadas con los empresarios.
La dependencia explicó que este proceso ocurrió después de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova, obtuvo la facultad de designar a los consejeros electorales de las 32 entidades federativas.
La presentación mencionó que el primero de octubre de 2014 se realizó el nombramiento de Guadalupe Taddei como parte de la integración de los organismos electorales, mientras que su designación como consejera presidenta del INE ocurrió en diciembre de 2023, mediante el procedimiento de insaculación establecido en la Constitución.
Para el periodo de 2024 a 2025, la investigación identificó contratos por $646.3 millones de pesos con 15 de los 32 organismos electorales locales. Buenrostro aclaró que las cantidades podrían modificarse conforme avancen las auditorías y las investigaciones, debido a que la información utilizada proviene de fuentes abiertas y no todos los contratos aparecen en las plataformas de transparencia.
Entre las empresas identificadas en la presentación se encuentran:
La secretaria explicó que una de las principales irregularidades detectadas sería la simulación de competencia en los procedimientos de licitación. Distintas empresas relacionadas entre sí participaban en los concursos con propuestas económicas previamente acordadas para que una de ellas obtuviera la adjudicación.
Sobre este mecanismo, Buenrostro explicó: "Lo que hacían es que entraban a las licitaciones. Pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar". La funcionaria agregó que, aunque aparentemente participaban diferentes proveedores, el beneficio económico terminaba concentrándose en los mismos empresarios.
Otro de los puntos señalados fue la presunta utilización de empresas fachada, algunas de las cuales no tendrían empleados registrados, infraestructura ni capacidad técnica para cumplir con los contratos que recibían. La investigación identificó domicilios y números telefónicos compartidos entre distintas sociedades, así como movimientos de recursos entre varias compañías para dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
Buenrostro indicó que algunas de estas operaciones podrían involucrar a personas utilizadas como prestanombres o cuyos datos de identidad habrían sido empleados sin autorización. Como ejemplo, mencionó registros vinculados con personas de 96 años y jóvenes de 18 años.
"Estas empresas funcionan como empresas fachada. Estas empresas que vimos son las que hacen los contratos con el INE, con las autoridades públicas, regresa el dinero y lo empiezan a dispersar en muchas otras empresas", detalló.
La exposición indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya realizan investigaciones relacionadas con algunas de las compañías identificadas. Según Buenrostro, determinadas empresas del grupo habían sido inhabilitadas anteriormente por presuntas operaciones vinculadas con facturación irregular.
Respecto a las acciones que deberán seguir, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que existen distintas autoridades responsables de investigar y determinar posibles irregularidades:
Además, explicó que el INE es un organismo constitucional autónomo, por lo que las investigaciones sobre sus contrataciones también corresponden a sus órganos internos de control y a las instancias fiscalizadoras competentes.