A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se determinó la utilidad pública y la ocupación temporal de más de 110 mil metros cuadrados de propiedad privada.
El Gobierno avanza en el tren AIFA - Pachuca.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que declara de utilidad pública y ordena la ocupación temporal de una superficie total de 110,296.687 metros cuadrados. Esta medida legal afecta de manera directa a 99 inmuebles de propiedad privada distribuidos en diversas localidades estratégicas de los estados de Hidalgo y el Estado de México (Edomex).
La disposición técnica forma parte de la estrategia macroeconómica de la administración federal para reactivar y expandir el transporte ferroviario de pasajeros en el país. El objetivo central del proyecto es enlazar de manera directa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la ciudad de Pachuca, Hidalgo, mediante una red de conectividad considerada prioritaria para el desarrollo nacional.
La delimitación geográfica establecida en el documento oficial abarca un corredor conectivo interestatal que impacta a diversos polos de desarrollo industrial y habitacional. El decreto detalla que los predios privados serán utilizados para la edificación y tendido de la infraestructura ferroviaria relacionada con el Tren Interurbano AIFA-Pachuca.
Las demarcaciones municipales que registran afectaciones patrimoniales por la ocupación temporal son las siguientes:
Estado de Hidalgo: Los polígonos bajo afectación se localizan en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez.
Edomex: Las zonas de intervención se concentran en las demarcaciones de Tecámac, Temascalapa y Zumpango.
El desglose técnico del expediente expone que en el municipio de Tecámac se enlistan más de 20 polígonos particulares afectados. Por su parte, los municipios de Temascalapa y Villa de Tezontepec concentran las extensiones de tierra con las superficies continuas más amplias contempladas dentro de la declaratoria federal.
El Gobierno federal argumentó en el DOF que la ejecución inmediata de la obra es indispensable para evitar pérdidas económicas y garantizar la viabilidad técnica de la red ferroviaria.
Para sustentar la utilidad pública, el decreto presidencial recuerda que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cataloga a los ferrocarriles —tanto en su modalidad de carga como de pasajeros— como un sector prioritario para el Estado. Bajo esta premisa, la administración actual ejerce el derecho soberano de utilizar las vías de comunicación para la prestación de servicios públicos masivos.
Asimismo, se señala que la ruta Ciudad de México-Pachuca se inscribe dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual proyecta la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros. La proyección financiera y social del proyecto prevé un impacto regional basado en:
Una mayor conectividad integral entre Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México.
La integración de la nueva ruta con los sistemas de transporte público ya existentes en la periferia.
El impulso al sector turístico y el dinamismo de la actividad económica local en las estaciones.
La generación de empleo formal tanto en la fase de construcción como en la posterior etapa operativa.
Una reducción sustancial en los tiempos de traslado diarios para miles de usuarios de la región.
La ocupación temporal de los 99 predios privados se ejecutará bajo el marco normativo estricto que dicta la Ley de Expropiación, garantizando el derecho de los propietarios afectados a recibir una compensación económica justa. El Gobierno federal puntualizó que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya procedió con la elaboración de los dictámenes valuatorios correspondientes para fijar los montos específicos que se pagarán a los particulares.
En el desarrollo y validación del expediente técnico que justifica la utilidad pública de los terrenos participaron de manera coordinada la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Con este fallo, la administración de Sheinbaum Pardo busca asegurar el derecho de vía indispensable para acelerar los trabajos de terracería del tren interurbano.