Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum presentó un informe de Ernestina Godoy, de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la situación jurídica de Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos. La Presidenta confirmó que la exconductora está vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma.
Detención de Inés Gómez Mont: cuántos años de cárcel podría enfrentar por lavado de dinero y defraudación fiscal
La FGR mantiene tres órdenes de aprehensión contra la exconductora y busca que sea extraditada desde Estados Unidos para responder ante la Justicia mexicana.
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La FGR informó que Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, libradas por jueces federales mexicanos: una por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otras dos por defraudación fiscal equiparada. Las investigaciones apuntan a un supuesto esquema de desvío por contratos de hasta 2.450 millones de pesos.
Inés Gómez Mont: de qué la acusa la Fiscalía y por qué fue detenida en Estados Unidos
Inés Gómez Mont fue arrestada por autoridades migratorias estadounidenses después de permanecer cerca de cinco años fuera de México. Sin embargo, la detención respondió a una situación migratoria irregular.
En su informe, Ernestina Godoy explicó que una de las órdenes de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones, Gómez Mont habría recibido dinero de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias personales, proveniente de un mecanismo de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), mediante empresas fantasma.
La fiscal señaló que la exconductora habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió pagar más de 13 millones de pesos en impuestos.
"El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2,450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales. Recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país", explicó.
La titular de la FGR explicó el funcionamiento de las empresas involucradas: "Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos".
Y agregó: "Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos".
Respecto de las gestiones internacionales, Godoy recordó que la Fiscalía comenzó a trabajar para conseguir su entrega desde septiembre de 2025. "Se solicitó a EU su detención provisional con fines de extradición y en coordinación con el Departamento de Justicia integramos la petición formal correspondiente", detalló y aclaró: "Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de EU".
La fiscal anticipó qué ocurrirá si las autoridades estadounidenses determinan su deportación: "De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México".
Por su parte, Sheinbaum apuntó contra la detenida: "Es delito lo que cometió. Vean lo que dice la fiscal: en sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita".
"Es una investigación que no la iniciamos nosotros, viene desde hace bastante tiempo. Solo que ahora por motivos de migración fue detenida, esperando que pueda proceder la extradición", concluyó.
El recurso judicial de Inés Gómez Mont
La defensa de Gómez Mont presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal del Distrito Sur de Florida para cuestionar la legalidad de su detención migratoria y solicitar que se revise la continuidad de su arresto.
El planteo quedó a cargo del juez federal Jeffrey T. Kuntz, quien ordenó a las autoridades migratorias justificar la detención a más tardar el miércoles 4 de noviembre. El magistrado no concedió el pedido de emergencia para impedir un eventual traslado de la exconductora a otro centro migratorio.
Entre los argumentos de sus abogados figura el tratamiento médico que recibe una de sus hijas y las consecuencias que podría tener para ella que esté fuera de Miami.
Su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrenta un procedimiento migratorio en EU, donde fue detenido el 24 de septiembre de 2025. México solicitó su extradición pero Washington rechazó el pedido en mayo pasado al considerar que no se trataba de un delito violento. Posteriormente, obtuvo la libertad bajo fianza con un dispositivo de geolocalización, mientras continúa pendiente una audiencia prevista para noviembre.
¿Cuántos años de prisión podría recibir Inés Gómez Mont?
De acuerdo con la legislación mexicana, los delitos que se le atribuyen a Inés Gómez Mont contemplan distintas penas de prisión. Por delincuencia organizada, la sanción puede ir de 10 a 20 años si no se acredita que tuvo funciones de dirección, administración o supervisión dentro de la estructura investigada. Si se demuestra que desempeñó alguno de esos roles, el castigo aumenta de 20 a 40 años.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, el artículo 400 Bis del Código Penal Federal establece penas de 5 a 15 años de prisión, además de multas.
En cuanto a la defraudación fiscal equiparada, las sanciones dependen del monto que se acredite como omitido. La legislación contempla penas de 3 meses a 2 años, de 2 a 5 años o de 3 a 9 años, según la cantidad defraudada. En el caso de Gómez Mont, la FGR señaló que habría omitido pagar más de 13 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016.
Si se sumaran los máximos de los delitos atribuidos, el cálculo podría alcanzar 73 años de prisión. Pero, el Código Penal Federal establece reglas para el concurso de delitos y límites a las penas.
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