En un fallo que sienta un importante precedente sobre la integridad del servicio público y el combate a la corrupción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 23 de abril de 2026 la validez constitucional del delito de "ejercicio indebido del servicio público".
24 de abril 2026 - 09:35
El falso director que firmó contratos de gobierno en México: Suprema Corte confirma castigo por usurpar cargos
El máximo tribunal respaldó la condena contra un servidor público en Aguascalientes que, sin tener el nombramiento oficial, se ostentó como titular jurídico y solicitó millonarios pagos al erario.
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Fallo clave de la SCJN sobre la legalidad del servicio público.
La resolución del Máximo Tribunal (derivada del Amparo Directo en Revisión 7676/2025) avala la condena de prisión y multa impuesta a un funcionario del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), quien, aprovechando un puesto transitorio, usurpó la identidad de un cargo superior para firmar contratos y gestionar recursos del Estado sin la investidura legal correspondiente.
Aguascalientes: un encargado de archivo que se creyó director
La historia de este fraude administrativo se remonta a los años 2014 y 2015. De acuerdo con el expediente del caso, el servidor público imputado había recibido una encomienda muy específica y temporal: actuar como comisionado para el proceso de entrega-recepción de la Dirección Jurídica del IEA.
Sus funciones debían limitarse única y exclusivamente a recibir, inventariar y resguardar los recursos materiales, humanos y financieros del área para entregarlos intactos al próximo titular oficial una vez que fuera designado.
Sin embargo, en lugar de resguardar el área, el sujeto decidió operarla. Durante ese lapso, el individuo se hizo pasar formalmente como el Director Jurídico de la institución. Bajo esta fachada, ejecutó actos que estaban completamente fuera de sus atribuciones, destacando:
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Solicitar pagos directos a la Secretaría de Finanzas y Administración por supuestos servicios de asesoría profesional.
Celebrar y firmar de forma ilícita un contrato de prestación de servicios con cargo al erario.
Todo esto ocurrió antes de enero de 2015, fecha en la que finalmente (y de forma irónica) obtuvo el nombramiento legal para ocupar la silla.
De la absolución a la prisión: la batalla legal
El camino judicial para castigar esta usurpación no fue sencillo. En primera instancia, un tribunal local de enjuiciamiento decidió absolver al "falso director", bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Aguascalientes no se quedó de brazos cruzados e interpuso una apelación. Una Sala Penal del tribunal local le dio la razón a la Fiscalía, revirtiendo la absolución al comprobar que el sujeto sí ejerció deliberadamente funciones para las cuales no estaba investido. Tras esta apelación, se le dictó sentencia condenatoria que incluyó pena privativa de la libertad y una multa económica.
En un último intento por evadir la cárcel, la defensa del condenado llegó hasta la Suprema Corte, argumentando mediante un amparo que el artículo 169 (fracción I) del Código Penal de Aguascalientes era "inconstitucional e impreciso".
El veredicto de la Suprema Corte: no necesitas robar para afectar al Estado
Los ministros de la SCJN fueron tajantes al rechazar los argumentos del condenado. El Pleno determinó que la ley es perfectamente clara (cumpliendo con el principio de taxatividad): es delito ejercer funciones sin nombramiento, sin toma de posesión o después de haber sido cesado.
El fallo de la Corte establece un criterio fundamental para la administración pública en México: no se necesita probar un daño o robo al patrimonio del Estado para que exista el delito de ejercicio indebido. El simple hecho de usurpar funciones afecta un bien jurídico tutelado invaluable: la legalidad, certeza y confianza de la ciudadanía en la función pública.
Con esta resolución definitiva, la SCJN no solo mantiene firme la condena del falso director en Aguascalientes, sino que envía una clara advertencia a las burocracias de todo el país: asumir funciones para las que no se está formalmente capacitado y nombrado tiene un costo penal severo.
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