La violencia contra las mujeres no da tregua en el inicio del año; seis entidades federativas concentran la mayor incidencia de este delito mientras avanza la nueva Ley contra el Feminicidio.
Checa la situación actual en todo México.
El primer trimestre de 2026 cierra con una cifra alarmante que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las mujeres en México. Según los reportes oficiales más recientes, un total de 148 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y marzo, una estadística que refleja la persistencia de la violencia estructural en el país pese a los esfuerzos legislativos y los protocolos de seguridad.
El desglose de los datos revela que la tragedia no se distribuye de manera uniforme, sino que se focaliza con violencia en puntos específicos del territorio nacional. Seis estados concentran el grueso de los casos, destacando de manera crítica zonas como Sinaloa, donde municipios como Culiacán encabezan la lista de mayor incidencia a nivel nacional con 12 casos registrados en este periodo.
La distribución geográfica del feminicidio muestra patrones preocupantes. Además de Sinaloa, entidades como Chihuahua y Morelos reportaron ocho casos cada una, seguidas de cerca por Jalisco y Tamaulipas con seis víctimas respectivamente. Por su parte, Baja California, Guanajuato y Oaxaca registraron cinco casos por estado, consolidando un corredor de riesgo para las mujeres en diversas regiones del país.
En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría (118) eran mujeres mayores de 18 años, aunque los datos arrojan una realidad desgarradora para las menores de edad: se contabilizaron al menos nueve casos de niñas menores de 12 años y cinco víctimas entre los 13 y 17 años. Esta vulnerabilidad extrema ha sido uno de los motores para la discusión de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Esta iniciativa, impulsada por la presidencia de Claudia Sheinbaum y recientemente aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, busca unificar la tipificación del delito en todo el país. La propuesta es ambiciosa: establece penas de 40 a 70 años de prisión y exige que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, de inicio, bajo el protocolo de feminicidio con perspectiva de género.
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