Este es el grado de estudios y nivel de formación de todos los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Este lunes 1 de septiembre se lleva a cabo la Toma de Protesta de los nuevos ministros y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este es el grado de estudios y nivel de formación de todos los nuevos miembros de la Suprema Corta de Justicia de la Nación.

Tras la elección llevado a cabo en las urnas, el pasado 1 de junio, el pueblo de México decidió quiénes serán los nuevos ministros y ministras que formarán parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionarios que hoy, lunes 1 de septiembre, encabezan la toma de protesta, a partir de las 16 horas, en el Zócalo de la CDMX.

Es importante tener en cuenta que la SCJN es el Tribunal Constitucional de México y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas.

Un total de 8 miembros forman parte del máximo organismo judicial de este país, su nuevo presidente será el ministro Hugo Aguilar Ortíz.

Este es el nivel de formación de todos los ministros y ministras de la nueva SCJN

Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El Ministro Hugo Aguilar Ortiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Obtuvo la licenciatura con la tesis: “Pluralismo jurídico: el sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña”. Cuenta, además, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad. En 2001 fue reconocido con el Premio Nacional a la Juventud Indígena.

Su trayectoria se ha sustentado en un trabajo sólido de reflexión, sistematización y defensa de los derechos indígenas, derechos sociales y de sectores vulnerables; asimismo, se ha distinguido por la defensa de estos derechos ante los Órganos Jurisdiccionales Federales. Su trabajo ha buscado un nuevo modelo de justicia, sustentado en derechos y principios que atienden la realidad social, la identidad, la perspectiva de género y el respeto a la naturaleza.

En 1989, inició su trabajo al servicio de los pueblos como auxiliar en la Delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco, Oaxaca. Entre 1996 y 2010 se desempeñó como asesor legal y defensor de 25 comunidades indígenas que enfrentaban conflictos agrarios; en ese mismo periodo, asesoró a municipios oaxaqueños en la solución de conflictos político-electorales del régimen de Sistemas Normativos Indígenas, así como derivados de la confrontación entre el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico estatal.

En octubre de 1996 asumió la titularidad del área jurídica de Servicios del Pueblo Mixe (SERmixe) impulsando iniciativas de reformas Constitucionales y legales; en noviembre del mismo año, formó parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para la redacción de reforma Constitucional sobre derechos y cultura Indígena. En 2001 y 2002 representó a 27 municipios que interpusieron controversias constitucionales ante la SCJN contra la reforma en materia de derechos y cultura indígena; en 2006, representó a 6 municipios que presentaron controversias constitucionales en contra la Ley de Radio y Televisión, por vulnerar derechos de los Pueblos Indígenas.

En el servicio público ha colaborado con instancias estatales, nacionales e internacionales. Fue consultor en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. De 2011 a 2015 se desempeñó como Subsecretario de Derechos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Entre 2016 y 2018 estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En 2018, asumió la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde encabezó los trabajos de redacción y revisión de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Ha sido ponente en diversas Universidades de nuestro país, así como en Tribunales de Justicia de las Entidades Federativas y de la Federación. Sus intervenciones han abordado temas de derechos agrarios, derechos indígenas, derecho constitucional y pluralismo jurídico. Entre sus publicaciones destacan: “El reconocimiento legal y vigencia de los Sistemas Normativos Indígenas en México” (2008) y “La comunalidad: un referente indígena para la conciliación política en conflictos electorales municipales en Oaxaca”, incluido en el libro Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de co-labor” (2008).

Lenia Batres Guadarrama

Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, maestra en Gestión Pública, maestra en Estudios de la Ciudad, candidata a doctora en Estudios de la Ciudad y doctorante en Derecho Constitucional. Fue diputada federal en la LVII Legislatura de Congreso de la Unión.

En el Gobierno de la Ciudad de México, fue directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, asesora de la Jefatura de Gobierno, directora general de Regulación al Transporte y directora general de Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público.

Fue profesora de diversas asignaturas en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (hoy integrada a la Universidad Benito Juárez) y en las licenciaturas de Derecho y de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Es coautora de seis libros y varios artículos académicos. Ha presentado 14 ponencias sobre derecho a la ciudad y derecho urbanístico en instituciones académicas de México, Argentina y España.

Premio Mexicano de Sociología 2017-2018, Categoría Profesionistas: Vicente Lombardo Toledano, otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología, S.C. en 2018 y Medalla Emilio Krieger, otorgada en 2024 por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Desde el 14 de diciembre de 2023, es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yasmín Esquivel Mossa

Se formó en el sistema de educación pública de nuestro país, egresada de la Facultad de Derecho de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con Maestría y Doctorado en Derecho, así como distintas especialidades en diversas materias jurídicas y certificada en el Postdoctorado Iberoamericano en Nuevos Retos de la Gobernanza Pública.

Cuenta con más de 40 años de trayectoria en el servicio público, de los cuales, los últimos 25 años con auténtica vocación se ha desempeñado como juzgadora en los Tribunales Agrarios, en los que palpa la realidad que se vive en el campo mexicano y el clamor de justicia de campesinas y campesinos. Fue Magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el que ocupó la Presidencia del órgano en dos ocasiones por elección de sus pares, destacando avances en las áreas de transparencia, administración efectiva y rendición de cuentas; empleo de las tecnologías de la información; fortalecimiento en el desempeño de la función jurisdiccional y de la defensoría jurídica, equidad de género, entre otros más.

En febrero del 2019 es la primera mujer propuesta por el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y ratificada por el Senado de la República, como la Ministra número doce en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2021, fue nombrada Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte para el periodo 2021–2022, lapso en el que también encabezó el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, cargo que ejerció hasta junio del 2023, en el que trabajó de manera incansable en favor de juzgar con perspectiva de género y para la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, así como la igualdad social.

La Ministra Esquivel Mossa, se ha destacado por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, con especial atención a grupos vulnerables: mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, campesinas y adultas mayores. Este interés se refleja en la coordinación del libro “La infancia, futuro del mundo”, en el que se plasman las problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, temas centrales de su interés profesional. Además, recientemente publicó un muy completo estudio de su autoría para el entendimiento y atención de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por la muerte de sus madres, víctimas de feminicidio, bajo el título “Mamá en tu ausencia ¿Quién por mi?

Electa Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Loretta Ortiz Ahlf

La Ministra Loretta Ortiz Ahlf es una jurista reconocida por su compromiso con la transformación del sistema de justicia, su sólida trayectoria académica y su firme defensa de los derechos humanos como base para un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía y comprometido con la justicia social.

Abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, grado que obtuvo con mención cum laude. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel más alto: Nivel III.

En el ámbito académico, dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde también fue docente durante varios años. Ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y, a nivel internacional, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos.

Ha escrito numerosas obras sobre derecho internacional y derechos humanos, entre las que destacan Guardia Nacional y Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos de los Indocumentados y Régimen Interno e Internacional de los Tratados. También es autora de La industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano y de La protección judicial de los derechos sociales.

En el servicio público ha ocupado diversos cargos de alto nivel: fue asesora jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; además, se desempeñó como consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN y como consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal, y participó en el Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México. En 2019 fue nombrada Consejera de la Judicatura Federal.

El 12 de diciembre de 2021, antes de la reforma constitucional al Poder Judicial, fue designada por el Senado como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un inicio integró la Segunda Sala, especializada en asuntos administrativos y laborales, y desde noviembre de 2023 formó parte de la Primera Sala, dedicada a temas civiles y penales. En 2025 asumió la presidencia de dicha Sala, siendo la última Ministra en ocupar ese cargo bajo el modelo anterior.

En el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2024–2025, fue electa como Ministra para la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trabajo en el Alto Tribunal se ha distinguido por una visión garantista de los derechos humanos, con énfasis en el acceso real a la justicia, la protección de personas históricamente discriminadas y una defensa firme de la justicia social y los derechos sociales. Su pensamiento y su labor han contribuido a construir las bases de un nuevo Poder Judicial, más comprometido con las necesidades de la sociedad y con la transformación profunda del sistema jurídico en México.

María Estela Ríos González

Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. También es maestra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant (titulada) y tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas por la UNAM.

En octubre de 2024 fue nombrada directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Del 2 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2024 fungió como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en la que estuvo a cargo de la elaboración de diversas reformas constitucionales e iniciativas de leyes, decretos expropiatorios y declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, así como representante legal del titular del Ejecutivo Federal. Lo cual realizó con el equipo de abogados que conformó y en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En el sector agrario, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021 fue designada directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano donde estableció criterios y procedimientos respecto de los terrenos nacionales; agilizó los procedimientos y brindó certeza jurídica a los solicitantes. Trabajó en la entrega formal y material de tierras a ejidos, así como en el plan para recuperación de las tierras del Pueblo Yaqui en Sonora.

De diciembre 2014 a noviembre de 2018 fue directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en el que organizó diversos cursos, conferencias y talleres para el personal de la Junta y litigantes, con el objeto de mejorar la impartición de la justicia laboral en Ciudad de México.

También fue secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal (marzo de 2013 a noviembre de 2014), durante su encargo promovió la unificación de criterios en materia laboral y el ingreso y ascenso del personal mediante concursos de oposición. De 2007 a 2013 fungió como auxiliar jurídica de dictamen en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal.

Se desempeñó como consejera Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal, en cuyo cargo se reconoció la legitimación del jefe de gobierno del Distrito Federal para interponer controversias constitucionales con la controversia constitucional del horario de verano y otras controversias; también inició el mejoramiento sustancial del Registro Civil con la implementación de un sistema informático creado exprofeso por el área de informática del Gobierno. Se mejoró el tiempo de respuesta a las demandas interpuestas en contra de la Jefatura del Gobierno, en la Dirección General de Servicios Legales, mediante mejoras jurídicas e informáticas, entre otras acciones importantes. Se hizo la defensa del patrimonio del entonces Distrito Federal.

Procuradora de la Defensa del Trabajo del entonces Distrito Federal (septiembre a diciembre de 2000). De julio de 1998 a septiembre de 2000 fue coordinadora de asesores de la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social del entonces Gobierno del Distrito Federal. Fungió como directora del Registro Civil en el entonces Distrito Federal (enero a junio 1998).

Asimismo, presidió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) de 1995 a 1997. Profesora interina en Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana (1993-1994). Litigante con experiencia en derecho laboral en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores (1970 a 1997).

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Originario de Tuxpan, Nayarit. Realizó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit (1996–2001), la Maestría en Estudios Superiores de Derecho Constitucional (2003–2004) y el Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (2005–2009), donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, la máxima distinción académica

Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia, Bolonia y La Sapienza de Roma, así como en la universidad francesa Sciences Po París.

Cuenta con una trayectoria académica de más de veinte años. Es autor de tres libros, cerca de cincuenta capítulos de libro y artículos especializados y coordinador de doce obras colectivas. Su obra se ha publicado en México, Argentina, Colombia, España e Italia, y en ella se ha enfocado en el estudio del Derecho constitucional, el Derecho procesal constitucional, las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos humanos, las sentencias constitucionales y convencionales, los métodos de interpretación jurídica y constitucional, la influencia de la doctrina en las decisiones de los Tribunales constitucionales y el valor del Derecho comparado como herramienta para adoptar buenas prácticas extranjeras en contextos locales.

Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2020 se le reconoce como Nivel II.

Es profesor en programas de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura en diversas universidades públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Desde 2016 es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde coordinó la Maestría en Derechos Humanos (de enero de 2016 a julio de 2022) y el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos (de noviembre de 2023 a agosto de 2025).

En el servicio público se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit (2002), Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit (2011–2013), Director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal (2013) y Asesor en la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2014–2015).

Fue asesor en la redacción de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 4 de mayo de 2018. En la Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de 2024, se incorporó uno de sus argumentos sobre la “presunción de constitucionalidad de la ley como criterio jurisprudencial” (p. 34, nota 44). Además, sus ideas han sido utilizadas en sentencias de la Suprema Corte mexicana, de algunos Tribunales constitucionales de Latinoamérica, de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de las entidades federativas mexicanas.

A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha sostenido la necesidad de una justicia cercana a la población, menos formalista y sensible a los problemas sociales, así como el diálogo y la coordinación constante entre poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, especialmente cuando la Suprema Corte ejerce el control constitucional de leyes, reglamentos y decretos.

Irving Espinosa Betanzo

Irving Espinosa Betanzo es un jurista mexicano con más de 25 años de experiencia, comprometido con la justicia social y la transformación democrática del país; desde sus primeros años ha impulsado una visión alternativa del derecho, centrado en la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Actualmente es Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde preside la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas (Anticorrupción) de la Sala Superior.

Su experiencia profesional abarca cargos estratégicos en los tres poderes: en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal se desempeñó como Subdirector de Trámites Inmobiliarios y Jefe de Unidad Departamental de Expropiaciones y Desincorporación (2000-2008); Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. En la Procuraduría General de Justicia de la CDMX fue Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos (2018-2019) y desde hace seis años es Magistrado.

Tras la elección del Poder Judicial 2025 fue electo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también es Especialista y Maestro en Gestión Pública para la Buena Administración y candidato a Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Además de su labor jurisdiccional, se ha desempeñado como docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, el Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Especialización y Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Forma parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, desde donde promueve los derechos humanos y el acceso igualitario a la justicia.

Su trayectoria se distingue por la ética, el rigor técnico y un profundo sentido de responsabilidad pública, con una visión centrada en la justicia social y cercana a la ciudadanía, la perspectiva de derechos humanos y el combate a la corrupción.

Arístides Rodrigo Guerrero García

Arístides Rodrigo Guerrero García cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y una sólida reputación en la defensa de los derechos humanos. Es Doctor, Maestro, Especialista y Licenciado en Derecho, todos con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también se desempeña como profesor de Derecho Constitucional. Complementó su formación con un Máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, un curso avanzado sobre Protección de Datos Personales en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, y un curso de Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia. Además, está certificado en cumplimiento en inteligencia artificial por White Bx Project y especializado en Data Science para Directivos por la Universidad de Chicago.

Su experiencia profesional refleja un compromiso constante con la innovación jurídica y la transparencia. Entre 2015 y 2018 formó parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde ocupó diversos cargos, incluyendo Secretario Auxiliar, Coordinador de Difusión y Publicación, Secretario de Estudio y Cuenta, Titular de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores y Director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos electorales locales y al desarrollo de criterios jurisprudenciales.

Posteriormente, entre 2018 y 2024, se desempeñó como Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFO CDMX), institución que presidió de diciembre de 2021 a noviembre de 2024. Durante su gestión, impulsó la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, desarrolló ATIC, el chat de la transparencia, y fue precursor de las primeras audiencias de conciliación en el metaverso y de resoluciones con uso de inteligencia artificial, consolidando a la institución como un referente en protección de datos e innovación tecnológica aplicada a la justicia.

Como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su labor se centra en construir una justicia cercana, moderna e inclusiva, que integre la transformación digital sin dejar de lado la protección de los derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad, la transparencia y la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Su aporte busca consolidar una Corte de puertas abiertas, capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro de México.

Sara Irene Herrerías Guerra

La Doctora Herrerías Guerra es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM); es Especialista en Derecho Penal y cuenta con estudios de Maestría en Derecho, por esa misma casa de estudios. Además, es Maestra en Criminología y Doctora en Ciencias Penales y Política Penal, ambos grados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Entre otros cargos en el servicio público, se ha desempeñado como Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República (PGR); Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Titular de la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal (PROVÍCTIMA), instancia que se transformó en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR; Directora General del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como Coordinadora de Sistemas Administrativos de la Dirección de Capacitación en ese mismo órgano autónomo.

De igual forma, se desempeñó como Asesora del Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República; Coordinadora del Proyecto “Prevención de Violencia y Delincuencia para Niños, Niñas y Adolescentes” del INACIPE en coordinación con la PGR, la SEGOB, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Renacer; así como Secretaria Proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.