El máximo tribunal ordenó garantizar el acceso inmediato al agua potable para habitantes de un asentamiento irregular en Ciudad Juárez.
Entrega de agua potable a estas familias por orden de la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que refuerza la protección de uno de los derechos humanos más importantes: el acceso al agua potable. El máximo tribunal ordenó a las autoridades garantizar de manera inmediata el suministro de agua para familias que habitan un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La decisión fue tomada al resolver el Amparo en Revisión 544/2025, un caso que surgió tras las denuncias de residentes que durante años enfrentaron graves dificultades para acceder a este recurso básico.
El caso analizado por el Pleno de la Suprema Corte se relaciona con una comunidad ubicada sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes, donde cientos de familias viven en condiciones de vulnerabilidad y sin acceso regular a servicios básicos. De acuerdo con la información revisada por los ministros, el suministro de agua en la zona dependía de pipas que llegaban cada 10 o 15 días, situación que impedía a los habitantes contar con el recurso de forma continua.
Al resolver el asunto, la SCJN determinó que el derecho al agua no puede condicionarse a la regularización de una vivienda o a trámites administrativos relacionados con la propiedad del terreno. La Corte concluyó que las personas que viven en asentamientos irregulares también deben recibir protección constitucional y acceder a servicios indispensables para una vida digna.
Durante el proceso judicial, un juez federal había desechado el análisis de fondo del caso al considerar que los habitantes no acreditaron formalmente su domicilio. Sin embargo, la Suprema Corte consideró inapropiado exigir documentos oficiales a personas que habitan asentamientos donde frecuentemente no existen escrituras, contratos o comprobantes de servicios.
Por ello, estableció que basta con la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre el lugar de residencia para demostrar el interés legítimo y acceder a la protección judicial. Esta decisión permitió que el caso fuera revisado nuevamente y que finalmente se estudiara la presunta vulneración del derecho al agua.
Como parte del amparo concedido a los habitantes, la SCJN instruyó a las autoridades locales a implementar medidas inmediatas para garantizar el acceso al agua potable.
Entre las acciones ordenadas se encuentran:
En particular, la resolución establece que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez deberá garantizar el servicio, mientras que la Secretaría de Hacienda estatal tendrá que asegurar los recursos financieros para cumplir con la medida.