El mecanismo contempla cruces de información con cinco organismos para detectar posibles perfiles de riesgo entre aspirantes.
INE aplaza convenio con dependencias federales para blindar candidaturas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la firma de un convenio de colaboración con cinco dependencias federales que busca detectar posibles vínculos de aspirantes a cargos públicos con el crimen organizado. El acuerdo contempla el intercambio de información para evaluar la integridad y los perfiles de riesgo de quienes busquen una candidatura en los comicios de 2027.
La firma estaba prevista para este viernes 6 de noviembre, pero el organismo informó que el acto fue cancelado y tendrá una nueva fecha. El anuncio se conoció el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE, relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
El convenio contempla la colaboración entre el INE y cinco instituciones: la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares.
El objetivo es establecer mecanismos de intercambio de información para evitar que personas vinculadas con actividades delictivas lleguen a las boletas electorales. De acuerdo con el comunicado número 481 del INE, el acuerdo busca desarrollar actividades relacionadas con el "procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas partidistas e independientes".
La participación de los partidos políticos y de quienes busquen una candidatura independiente será voluntaria. Para iniciar el procedimiento, deberán entregar al organismo electoral los nombres de sus posibles postulantes, junto con el consentimiento informado de cada persona.
Posteriormente, el INE remitirá las solicitudes a las instituciones correspondientes, que realizarán sus evaluaciones. El organismo aclaró que no participará en la determinación de los resultados. En su comunicado señaló que las dependencias serán las encargadas de establecer "la existencia o inexistencia de un riesgo razonable", de acuerdo con sus propios criterios.
Sin embargo, el acto protocolario previsto para el 6 de noviembre no se llevará a cabo. Mediante el comunicado número 482, publicado el jueves 5 de noviembre, el INE explicó que la cancelación respondió a "modificaciones de agenda de los funcionarios de alto nivel". "La nueva fecha acordada será comunicada oportunamente por los canales institucionales", precisó.
Pese al aplazamiento, el Instituto aseguró que el trabajo técnico continuará. "Los trabajos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas continuarán con regularidad, en tiempo y forma, para atender los asuntos para la que fue creada", indicó.
El mecanismo se prepara para el Proceso Electoral Concurrente de junio de 2027, cuando estarán en disputa las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales, entre ellos las gubernaturas de 17 estados.
Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum presentó una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, sobre presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales.
La exposición identificó a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como figuras centrales de una red de compañías que habría obtenido contratos públicos por al menos 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
De acuerdo con la información, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) adjudicaron alrededor de 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con ambos empresarios entre 2015 y 2023. Para el periodo 2024-2025, se identificaron otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 organismos locales.
Entre las compañías mencionadas aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Uno de los principales señalamientos apunta a una posible simulación de competencia en licitaciones, mediante la participación de distintas compañías que acordaban previamente los precios y quién obtendría los contratos.
Buenrostro señaló la posible utilización de empresas fachada, algunas de las cuales presuntamente carecían de empleados, infraestructura y capacidad técnica para cumplir con los servicios contratados. "Estas empresas funcionan como empresas fachada. Estas empresas que vimos son las que hacen los contratos con el INE, con las autoridades públicas, regresa el dinero y lo empiezan a dispersar en muchas otras empresas", afirmó.
La investigación identificó posibles vínculos entre proveedores y servidores públicos, domicilios compartidos, movimientos financieros entre sociedades y la utilización de personas como presuntos prestanombres.
Según lo expuesto por la secretaria, el SAT y la UIF realizan investigaciones relacionadas con algunas de las compañías señaladas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR y las autoridades anticorrupción tendrán intervención dentro de sus respectivas competencias para revisar los contratos y determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles delitos.