El máximo tribunal estadounidense asestó un duro revés a la agenda del presidente republicano. La resolución ratifica el derecho de suelo consagrado en la Constitución de ese país, bloqueando una orden ejecutiva que amenazaba el estatus de miles de recién nacidos.
Fallo en contra de Donald Trump.
La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó una interpretación amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Con esta histórica decisión, los magistrados rechazaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual declaraba que los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
Este dictamen, que era esperado desde hace meses, supone un duro golpe a las intenciones de la administración republicana, la cual había insistido por la vía judicial para lograr restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes.
Para emitir este fallo definitivo, los magistrados se basaron en una interpretación largamente establecida de la 14ª Enmienda —adoptada tras la Guerra Civil estadounidense— y en leyes federales más recientes. El tribunal dictaminó que toda persona nacida en el país es ciudadana, salvo contadas excepciones.
La ciudadanía por nacimiento se fundamenta en el principio jurídico del jus soli, o "derecho de suelo". Las bases de este derecho en la legislación estadounidense se sostienen en los siguientes puntos:
Texto Constitucional: La 14ª Enmienda establece claramente que "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos".
El precedente histórico: En una serie de fallos, los tribunales inferiores declararon la orden ejecutiva ilegal invocando la sentencia de la Corte Suprema de 1898 en el caso Wong Kim Ark, donde se determinó que el hijo de ciudadanos chinos nacido en Estados Unidos era ciudadano estadounidense, independientemente de la situación legal de sus padres.
Las excepciones vigentes: Hoy en día, las únicas excepciones al derecho de nacimiento aplican a casos muy específicos, como los hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros o aquellos nacidos de una fuerza de ocupación extranjera.
La medida restrictiva, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, formaba parte de una amplia campaña de represión migratoria de su administración. El Ejecutivo sostenía que la visión común de la ciudadanía es errónea, argumentando que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" estadounidense y, por lo tanto, no tienen derecho a la nacionalidad.
De haber procedido, el impacto demográfico y social habría sido masivo:
Volumen masivo de afectados: De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto de Política Migratoria y la Universidad Estatal de Pensilvania, más de un cuarto de millón de bebés que nacen en los Estados Unidos cada año habrían resultado directamente afectados por el decreto presidencial.
Alcance migratorio más allá de la ilegalidad: Las restricciones al derecho de nacimiento no solo apuntaban a frenar la inmigración indocumentada. La medida también habría golpeado a personas que se encuentran legalmente en el país, incluyendo estudiantes internacionales y solicitantes de tarjetas de residencia (Green Cards) o de estatus de residente permanente.
Bloqueos judiciales previos: Antes de escalar hasta la Suprema Corte, las polémicas restricciones del presidente republicano ya habían sido frenadas por varios tribunales inferiores (incluyendo un fallo clave en New Hampshire), lo que impidió que la orden entrara en vigor en cualquier parte del territorio estadounidense.
El camino legal hacia este fallo estuvo marcado por un evento inédito. A principios de abril, los jueces conservadores y liberales cuestionaron la legalidad de la orden en una audiencia que contó con la extraordinaria presencia de Donald Trump, convirtiéndolo en el primer presidente en ejercicio en asistir a los argumentos en el tribunal más alto del país.
En la sala también estuvieron presentes la entonces fiscal general Pam Bondi, el secretario de Comercio Howard Lutnick y, en los asientos para invitados de los jueces, el actor Robert De Niro. El caso representó otra prueba para las afirmaciones del mandatario sobre el poder ejecutivo frente a un tribunal de mayoría conservadora que, en grandes rasgos, ha fallado a su favor.
La resolución de la Corte parece alinearse con la opinión pública general del país. Según un estudio del AP-NORC Center for Public Affairs Research publicado a principios del mes pasado, la perspectiva ciudadana se divide de la siguiente forma:
Aproximadamente dos tercios de los adultos estadounidenses encuestados afirmaron que se debería otorgar la ciudadanía automática a todos los niños nacidos en el país.
Esta postura encuentra un fuerte respaldo entre la mayoría de los demócratas y los independientes.
Los republicanos se muestran más escépticos, ya que solo el 44 % apoya la ciudadanía por nacimiento bajo las reglas actuales.
Esta es la primera política de Trump en materia de inmigración que llega a los tribunales para una resolución definitiva, un proceso donde los magistrados ya habían demostrado su independencia al anular los aranceles globales que el mandatario había impuesto bajo una ley de poderes de emergencia.