La dirigencia estatal de Morena en Coahuila anunció formalmente la promoción de diversas acciones legales para solicitar la nulidad absoluta de la reciente elección legislativa. A tan solo una semana de haberse llevado a cabo los comicios, el partido político desconoció rotundamente los resultados que favorecieron a la oposición en todos los distritos locales. Los líderes del movimiento justificaron esta drástica decisión argumentando que la jornada electoral estuvo marcada por graves irregularidades y se desarrolló en un preocupante contexto de violencia institucional.
Morena pide nulidad de elecciones en Coahuila: este es el motivo por el que desconoce la derrota de hace una semana
El partido denunció compra de votos y violencia sistemática. Además, promueven juicio político contra el gobernador.
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Morena ´pide anular elecciones en Coahuila.
A través de un comunicado oficial emitido este 14 de junio desde la ciudad de Saltillo, la bancada guinda detalló la magnitud de las supuestas anomalías documentadas por sus representantes. La inconformidad jurídica se sustenta en presuntas fallas operativas y manipulaciones que habrían afectado directamente a 962 casillas electorales, cifra que representa el 22.6 por ciento del total instalado en la entidad. Ante este complejo panorama, el partido ha hecho un llamado enérgico a las autoridades competentes para revisar las pruebas de manera exhaustiva y garantizar la transparencia del proceso democrático.
Elecciones en Coahuila: las denuncias federales y la compra de votos con códigos QR
Para respaldar su exigencia de anular los resultados, la coalición presentó una serie de quejas formales ante las principales instituciones encargadas de procurar la justicia y fiscalizar en el país. El partido interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, advirtiendo que los métodos de coacción documentados constituyen delitos sumamente graves.
Paralelamente, se solicitó la intervención urgente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen de los millonarios recursos ilícitos utilizados durante toda la contienda.
Entre las principales irregularidades señaladas en las carpetas de investigación entregadas a las autoridades, destacan los siguientes mecanismos de presunto fraude:
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Compra y coacción del voto: Se documentó el uso de tecnología y códigos QR para condicionar y monitorear el sufragio de los ciudadanos coahuilenses.
Violaciones financieras: Presentaron una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por el evidente rebase de topes de gastos de campaña de las candidaturas del PRI.
Uso del aparato estatal: Acusaron la participación indebida de servidores públicos y el uso electoral sistemático de los programas sociales estatales.
Guerra sucia: Denunciaron actos de propaganda calumniosa, intimidación directa en las calles y múltiples casos de violencia política de género.
Elecciones en Coahuila: exigen juicio político contra Manolo Jiménez por represión
La tensión política en la entidad escaló significativamente tras la aplastante victoria del PRI, partido que logró ganar los 16 distritos de mayoría relativa con el 55 por ciento de los votos totales el pasado 7 de junio. En respuesta a este escenario, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una contundente demanda de juicio político contra el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Este recurso legal, interpuesto el pasado 12 de junio, también involucra directamente al titular de la fiscalía estatal, Federico Fernández Montañez, por su presunta injerencia a favor del partido tricolor.
El legislador federal sostuvo en sus declaraciones que los altos funcionarios estatales permitieron y orquestaron actos de represión contra diversos militantes de Morena y del Partido del Trabajo. Durante su denuncia pública, Mejía Berdeja afirmó que el mandatario estatal instruyó a la policía local para que persiguiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores políticos del movimiento.
Como evidencia de estos abusos perpetrados por lo que llamó una "policía política", se mencionaron agresiones contra legisladores y el caso de Antonio Flores, quien habría sido severamente golpeado tras su detención junto con su hermana Tania Flores.
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