Obligan a las autoridades a brindarle agua de manera urgente a asentamiento irregular de migrantes en Chihuahua: el fallo de la Suprema Corte

El Máximo Tribunal garantizó el acceso al mínimo vital para esta comunidad. La orden elimina las trabas legales que frenaban el abasto en la frontera norte.

El acceso al agua, un derecho para todos los mexicanos.

Vivir sin servicios básicos en una de las zonas más áridas y de mayor flujo poblacional del país es una realidad insostenible que finalmente encontró eco en la justicia federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a los habitantes de un polígono marginado en Ciudad Juárez, Chihuahua, ordenando el suministro inmediato de agua potable.

Esta resolución histórica beneficia a una comunidad forjada por la migración que, durante décadas, padeció la escasez extrema al recibir el recurso únicamente a través de pipas esporádicas.

El conflicto legal escaló hasta la máxima tribuna del país luego de que un juzgado de distrito desestimara el reclamo inicial de los afectados. La primera instancia argumentó que los quejosos carecían de interés jurídico al no poder presentar escrituras o comprobantes de domicilio formales, ignorando por completo la naturaleza precaria de los predios ubicados sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes, los cuales están catalogados oficialmente como una Zona de Atención Prioritaria.

La justicia por encima de la burocracia documental

Al atraer el recurso de revisión, el Pleno corrigió contundentemente el criterio del juzgador inicial y sentó un precedente vital para las zonas periféricas. Los magistrados establecieron que, en contextos de pobreza urbana y marginación, basta con una manifestación bajo protesta de decir verdad para acreditar la residencia.

La Corte subrayó que exigir títulos de propiedad a personas que habitan en asentamientos irregulares resulta un despropósito, pues la falta de estos papeles es, precisamente, el sello inherente de su vulnerabilidad.

Bajo el amparo del artículo cuarto constitucional, el tribunal reiteró que el derecho humano a una vivienda adecuada exige un nivel mínimo de bienestar indiscutible, sin importar el estatus legal de la tenencia de la tierra.

Por ello, se emitió un mandato vinculante para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez despliegue acciones urgentes que aseguren el abasto físico, salubre y asequible para todas las familias radicadas en este sector.

Medidas estructurales y presupuesto garantizado

El fallo de los ministros no se limitó a brindar soluciones temporales o asistencialistas de corto plazo para sortear la emergencia. La sentencia obliga a las autoridades a diseñar un programa de infraestructura intermedia que contemple la instalación de depósitos de almacenamiento masivo en la zona.

Para materializar esta obra civil y asegurar que la distribución equitativa sea una realidad sostenible, la Suprema Corte determinó que la Secretaría de Hacienda estatal deberá involucrarse directamente. La dependencia quedó obligada a etiquetar y liberar los recursos presupuestales necesarios con carácter de prioridad, demostrando que ninguna traba administrativa puede estar por encima del acceso a los derechos humanos fundamentales.