Es una de las principales acusadas por el padre de la víctima. En esta nota, los detalles.
El caso de Paloma Nicole sigue conmocionando en Durngo.
El caso de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía estética en Durango, ha generado indignación nacional y abrió un debate sobre la responsabilidad de los padres y médicos en este tipo de procedimientos. Uno de los puntos más polémicos es determinar qué delitos podrían enfrentar su madre, Paloma Yazmín Escobedo, y su pareja, el cirujano Víctor Manuel Rosales, señalados de haber encabezado la operación sin el consentimiento del padre de la menor.
En el ámbito legal, especialistas señalan que la madre de Paloma Nicole podría enfrentar acusaciones de usurpación de profesión, en caso de comprobarse que participó en la cirugía sin contar con acreditación médica. Su pareja, Víctor Manuel Rosales, sí está facultado para ejercer como cirujano, pero podría ser investigado por homicidio imprudencial, si se demuestra que la muerte de la menor se debió a negligencia o mala práctica.
Además, el hecho de que el acta de defunción estableciera como causa Covid-19 podría configurar un presunto delito de encubrimiento, tanto para la madre como para el cirujano, si se confirma que se alteró la información para ocultar la verdadera causa de muerte.
A ello se suma la posibilidad de acusaciones por maltrato infantil, abandono y omisión de cuidados, al haber expuesto a una menor de edad a un procedimiento riesgoso sin necesidad médica.
La denuncia presentada por el padre, detalla que la madre le había informado que viajarían a una sierra en Durango debido a que la menor había dado positivo a COVID-19 en la escuela.
Sin embargo, días después es informado que su hija estaba en grave estado. Ante las fuertes sospechas, durante el servicio funerario, Carlos Said Arellano decidió cerrar la capilla de velación y revisar el cuerpo de su hija. Al descubrir la parte superior del cuerpo de Paloma Nicole se dio cuenta que tenía implantes mamarios y huellas de la cirugía.
Esta situación motivó el pedido de justicia por parte de Carlos Arellano sobre la muerte de su hija, señalando como responsables al médico, a la madre y al hospital.
El certificado de defunción inicial mencionaba “enfermedad” como causa de muerte, lo que el padre considera un intento de encubrimiento. Además, solicitó una autopsia para esclarecer las verdaderas causas de la muerte.
Actualmente interviene la Fiscalía de Durango y se espera que se entreviste al doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y demás responsables.
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