23 de septiembre 2026 - 01:05

Quiénes son todos los políticos mexicanos con doble nacionalidad afectados por la reforma aprobada por Diputados

El dictamen avalado en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro establece que los servidores públicos afectados deberán renunciar formalmente a la nacionalidad extranjera si pretenden postularse o mantenerse en responsabilidades del más alto nivel ejecutivo y legislativo.

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Quiénes son todos los políticos mexicanos con doble nacionalidad afectados por la reforma aprobada por Diputados.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de reforma constitucional que prohíbe de forma estricta la doble nacionalidad para aspirar o desempeñarse como titular de la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y puestos clave de la función pública federal. Esta modificación legislativa impone el requisito de ser mexicano por nacimiento sin poseer otra ciudadanía ni pasaporte extranjero, restringiendo el acceso a cargos de elección popular e instituciones de seguridad nacional a figuras públicas que mantengan la ciudadanía de otro país.

El dictamen avalado en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro establece que los servidores públicos afectados deberán renunciar formalmente a la nacionalidad extranjera si pretenden postularse o mantenerse en responsabilidades del más alto nivel ejecutivo y legislativo.

La medida impacta de manera directa a diversos perfiles de la política nacional pertenecientes a distintas fuerzas partidistas, cuyos expedientes y biografías registran la doble ciudadanía por nacimiento o naturalización.

Políticos con doble nacionalidad que quedan en la mira de la nueva legislación

La aprobación del dictamen pone bajo los reflectores a legisladores, exgobernadores y funcionarios que ostentan la ciudadanía estadounidense o de países europeos de manera paralela a la mexicana. Entre los perfiles más destacados que encajan en esta condición se encuentran:

Modificaciones constitucionales y cargos públicos alcanzados por la restricción

El proyecto de ley aprobado en San Lázaro delimita de manera precisa las áreas de la administración pública donde la nacionalidad mexicana exclusiva será una condición obligatoria e ineludible. El cerco legal abarca las siguientes posiciones institucionales:

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