En un fallo que redefine la autonomía pedagógica de los colegios particulares en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad la constitucionalidad del Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con esta resolución, las escuelas privadas de educación básica quedan obligadas a adoptar criterios de evaluación flexibles, impidiéndoles reprobar automáticamente a estudiantes que no cumplan con el mínimo de asistencia o que adeuden materias, priorizando así el interés superior de la niñez sobre los estándares de disciplina tradicionales.
Suprema Corte falla a favor de la SEP y obliga a escuelas privadas a que pasen de año a alumnos de educación básica que deben materias o faltan a clases
El máximo tribunal declara constitucional el Acuerdo 10/09/23; los colegios particulares pierden la facultad de reprobar automáticamente por inasistencias o bajo rendimiento en los primeros niveles.
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Fallo clave de la Suprema Corte sobre educación básica.
La disputa legal llegó al Pleno tras un amparo promovido por el Colegio El Roble. La institución privada argumentaba que las nuevas disposiciones de la SEP vulneraban la excelencia académica y la libertad de los planteles para establecer sus propios regímenes de evaluación. No obstante, los ministros determinaron que, al ser la educación un servicio público, todas las instituciones incorporadas al sistema nacional deben alinearse a las políticas de inclusión y permanencia dictadas por la federación.
El fin de la "reprobación numérica" en la SEP: ¿qué cambia en las aulas?
La decisión de la Corte respalda un cambio de paradigma en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). El fallo establece que la excelencia educativa no puede medirse únicamente a través de la asistencia o calificaciones cuantitativas.
A partir de ahora, los criterios obligatorios para escuelas públicas y privadas son:
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Asistencia: Se elimina el requisito del 80% mínimo de asistencias para acreditar una asignatura.
Promoción Automática: Los alumnos de preescolar y primer grado de primaria avanzarán de año de forma automática, sin importar su rendimiento académico o inasistencias.
Flexibilidad en Secundaria: Se permiten mecanismos de regularización que evitan la exclusión inmediata; el alumno podrá avanzar de grado incluso con materias pendientes, siempre que se establezcan planes de apoyo.
Fases de Aprendizaje: El sistema deja de basarse en grados aislados para organizarse en fases y campos formativos, permitiendo una evaluación cualitativa y procesal.
SEP: el modelo "nórdico" en la visión de la SCJN
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la medida señalando que el sistema busca emular modelos de países como Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no es punitiva. "La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones mediante mediciones numéricas", sostuvo Batres, enfatizando que el modelo impacta a más de 23 millones de estudiantes.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar destacó que la inasistencia suele ser síntoma de problemáticas sociales o familiares profundas. Castigar al menor con la reprobación, según el criterio de la Corte, solo profundiza la desigualdad y fomenta la deserción escolar en lugar de resolver la causa raíz del ausentismo.
SEP: impacto en el sector privado
Para los colegios particulares, este fallo representa un límite claro a su capacidad de gestión administrativa y académica. La SCJN fue enfática: aunque sean instituciones privadas, brindan un servicio público regulado por el Estado.
"La educación básica está sujeta a lineamientos nacionales; flexibilizar la reprobación no elimina la evaluación, sino que modifica el enfoque para garantizar que ningún niño quede fuera del sistema por factores socioeconómicos", concluyó el tribunal.
Esta resolución marca un hito en el ciclo escolar 2025-2026, coincidiendo con el anuncio reciente del adelanto del fin de clases para el 5 de junio. Con estas medidas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum consolida un modelo educativo enfocado en la permanencia absoluta, obligando a las escuelas a ser acompañantes en el proceso de regularización en lugar de filtros de exclusión.



