El reciente fallo ordena lo que sucede con los taxis en Chihuahua. En esta nota, los detalles.
Fallo a favor de taxis en Chihuahua.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que reconfigura de manera relevante el marco legal del transporte público en el estado de Chihuahua, luego de revisar diversas reformas a la Ley de Transporte estatal. Si bien el máximo tribunal del país confirmó la validez general de la norma, también invalidó disposiciones clave que afectaban directamente la obtención, transmisión y herencia de concesiones de taxi.
La resolución, discutida en sesión del Pleno, fue interpretada por el sector como un avance en términos de certeza jurídica, al eliminar criterios que permitían decisiones discrecionales por parte de la autoridad.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la invalidez parcial del artículo 92 Bis, el cual impedía otorgar concesiones de taxi a familiares de un concesionario fallecido cuando existieran “simples indicios” de conductas irregulares.
La SCJN declaró inconstitucional la frase “que existan indicios de que”, al considerar que negaba derechos sin pruebas firmes. Bajo ese esquema, bastaban sospechas de consumo de alcohol, drogas o infracciones viales para rechazar la concesión, lo que —a juicio del Tribunal— vulneraba principios básicos de legalidad y presunción de licitud.
Con esta decisión, la Corte abrió la puerta a que los familiares de concesionarios fallecidos puedan acceder de manera más clara y justa a la transmisión del permiso, siempre que no existan sanciones o faltas debidamente acreditadas.
Otro aspecto relevante fue la invalidación de fragmentos del último párrafo del artículo 150, que imponían límites de antigüedad vehicular más estrictos para taxis que operan en localidades pequeñas del estado.
El Pleno consideró que estas restricciones resultaban desproporcionadas e innecesarias, ya que la seguridad de los usuarios puede garantizarse de mejor manera mediante revisiones físico-mecánicas periódicas, y no únicamente a través de la edad del vehículo.
En su argumentación, la SCJN subrayó que la seguridad en el transporte público no depende exclusivamente del año del automóvil, sino de su adecuado mantenimiento y condiciones técnicas.
Pese a las invalidaciones parciales, la Suprema Corte respaldó el resto de la legislación estatal, al concluir que las normas sobre concesiones, cesiones y sucesiones de permisos constituyen un sistema claro y ordenado, que limita la discrecionalidad de las autoridades.
De acuerdo con el fallo, este marco normativo brinda certeza jurídica tanto a los prestadores del servicio como a las personas usuarias, al establecer reglas definidas para el otorgamiento y continuidad de las concesiones.