Los tribunales federales deberán seguir una nueva regla para resolver amparos laborales. El objetivo es evitar conflictos de competencia y acelerar los procesos.
Fallo clave de la Suprema Corte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio que podría cambiar la forma en que se tramitan miles de amparos relacionados con conflictos laborales en México. La decisión busca poner fin a disputas sobre qué tribunal debe resolver estos asuntos, reducir retrasos procesales y ofrecer mayor certeza jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.
El fallo fue emitido al resolver una contradicción de criterios entre tribunales federales y define una regla clara para determinar la competencia territorial en los juicios de amparo directo promovidos contra laudos emitidos por las antiguas juntas de conciliación y arbitraje.
A partir de este criterio, los órganos jurisdiccionales deberán tomar como referencia el domicilio de la junta laboral que originalmente emitió el laudo impugnado. Esto significa que, aunque dicha autoridad haya desaparecido, cambiado de sede o transferido sus funciones tras las reformas laborales de los últimos años, el tribunal que era competente desde el inicio conservará la facultad de conocer y resolver el asunto.
La SCJN consideró que la competencia territorial no debe modificarse por cambios administrativos posteriores, ya que hacerlo podría generar incertidumbre y retrasos innecesarios en la impartición de justicia.
Uno de los principales problemas detectados en los últimos años surgió tras la transformación del sistema de justicia laboral y la desaparición gradual de las juntas de conciliación y arbitraje. En distintos casos, los tribunales enfrentaron dudas sobre cuál debía continuar con la tramitación de los amparos cuando las autoridades responsables habían sido sustituidas o reorganizadas.
La SCJN concluyó que esos cambios no pueden alterar automáticamente la competencia territorial previamente determinada, pues ello provocaría traslados de expedientes, conflictos entre órganos judiciales y demoras en la resolución de los casos.
La resolución también aclara que la autoridad sustituta únicamente asumirá las funciones necesarias para cumplir una eventual sentencia de amparo. Sin embargo, esa sustitución administrativa no modifica qué tribunal colegiado debe conocer del juicio.
De esta manera, la Corte busca evitar que los procedimientos se reinicien o se detengan por discusiones relacionadas con reformas institucionales o cambios en la estructura de las autoridades laborales.
La determinación fue adoptada por el Pleno de la SCJN al resolver la Contradicción de Criterios 45/2026 y se convertirá en un referente obligatorio para los tribunales federales. Con ello, la Corte pretende fortalecer la seguridad jurídica en los juicios laborales y evitar que cuestiones administrativas o territoriales retrasen el acceso a la justicia de trabajadores y empleadores que buscan una resolución definitiva mediante el juicio de amparo.