El máximo tribunal invalidó y ajustó disposiciones clave de las reformas judiciales locales en tres estados para obligarlos a alinearse con la Constitución Federal.
Fallo clave de la SCJN para tres estados.
La reestructuración del Poder Judicial a nivel estatal acaba de toparse con un muro constitucional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó en seco diversas disposiciones de las reformas judiciales aprobadas recientemente en los congresos de Nayarit, Durango y Guerrero, marcando un precedente definitivo sobre los límites que tienen las entidades federativas para modificar sus propios tribunales.
Aunque el Máximo Tribunal reconoció que los gobiernos locales cuentan con libertad configurativa para adecuar sus normativas, la resolución emitida este 23 de marzo fue contundente. Los ministros advirtieron que cualquier rediseño de la justicia local debe ejercerse en estricta concordancia con las bases del modelo federal, obligando a estos tres estados a corregir la plana y dar marcha atrás a varias de sus nuevas reglas operativas y administrativas.
En el análisis de las impugnaciones, la Suprema Corte invalidó para Nayarit la creación de un Comité Estatal de Evaluación único encargado de aprobar las candidaturas de los futuros juzgadores. Los ministros señalaron que esta medida contraviene directamente la Constitución Federal, la cual exige de manera estricta que cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) cuente con su propio comité independiente.
No obstante, no todo fue un revés. La SCJN validó el incremento de dos a tres en el número máximo de postulaciones para los cargos judiciales en la entidad. Además, le sacó tarjeta amarilla al Congreso local al reconocer su omisión por no incorporar los procesos de insaculación (tómbola) y la paridad de género obligatoria en la integración de las listas de candidatos (las cuales deben ser de entre seis y diez personas).
Para el estado de Durango, el Máximo Tribunal metió tijera a los tiempos en el cargo que pretendían establecer los legisladores locales. Se invalidaron tajantemente las disposiciones que fijaban nueve años de duración para los magistrados y tres años para la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. La Corte recordó que el artículo 100 de la Carta Magna establece que estos mandatos deben durar exactamente seis y dos años, respectivamente.
Otro golpe a la opacidad se dio al invalidar la norma que permitía que las sesiones de dicho Tribunal de Disciplina fueran privadas, exigiendo máxima transparencia en sus procesos. Sin embargo, los ministros sí avalaron que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia dure tres años y que su designación sea por el voto de la totalidad del Pleno.
Finalmente, en el estado de Guerrero, la Corte puso orden de cara a la implementación de los próximos comicios. Se invalidó la forma de elegir internamente (por única ocasión para 2027) a las presidencias del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina, al considerar que ese mecanismo de transición chocaba de frente con el diseño federal.
Por el lado positivo para la austeridad estatal, el Pleno validó la regla que prohíbe a los magistrados guerrerenses percibir un sueldo mayor al del titular del Poder Ejecutivo local, siempre y cuando la remuneración del gobernador no exceda lo que gana la Presidencia de la República. Además, se avaló sin problemas el uso de la insaculación como método válido para resolver posibles empates.
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