El máximo tribunal da un revés al Congreso de Durango y abre la puerta a la inclusión laboral en altos cargos públicos. En esta nota, el detalle del fallo.
El fallo clave de la SCJN.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha derribado una barrera histórica en el estado de Durango: a partir de ahora, el requisito de ser "mexicano por nacimiento" y no poseer otra nacionalidad para encabezar la Auditoría Superior del Estado ha quedado invalidado.
La decisión del máximo tribunal corrige un exceso legislativo local y garantiza que cualquier ciudadano mexicano, sin importar si adquirió la nacionalidad por naturalización o si cuenta con doble ciudadanía, pueda aspirar a este puesto clave en la rendición de cuentas.
La controversia se centró en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Durango. Dicha normativa exigía explícitamente que el titular de la Auditoría fuera mexicano por nacimiento y no hubiera adquirido otra nacionalidad.
Sin embargo, la Corte fue contundente en su análisis: el Congreso de Durango no tiene facultades para imponer esa restricción.
Los ministros concluyeron que la Constitución Política Federal es clara: únicamente el Congreso de la Unión (nivel federal) puede reservar ciertos cargos estratégicos a personas mexicanas por nacimiento. Al intentar replicar o ampliar estas restricciones a nivel local, los legisladores estatales invadieron competencias que no les corresponden.
Más allá de la técnica legislativa, el fondo del asunto es la igualdad. La SCJN determinó que mantener ese requisito generaba una distinción injustificada y potencialmente discriminatoria.
Al no existir un mandato constitucional que exija esta exclusividad para un auditor estatal, bloquear el acceso a mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad violaba el derecho de acceso a empleos públicos en condiciones de equidad.
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