El máximo tribunal confirma castigos históricos en telecomunicaciones. Empresas que incumplan la ley perderán su permiso y quedarán vetadas por 5 años.
Fallo clave de la SCJN.
En una resolución que marca un precedente vital para el sector corporativo y tecnológico del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde a la aplicación de las sanciones más severas contra aquellas empresas que incumplan con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
En su sesión de Pleno celebrada este 26 de mayo de 2026, el Máximo Tribunal determinó que el Estado mexicano tiene plena facultad constitucional no solo para revocar concesiones y autorizaciones, sino para inhabilitar comercialmente por un periodo de cinco años a los infractores.
El fallo (derivado del Amparo en Revisión 509/2025) tiene su origen en el intento de una empresa privada por frenar las sanciones impuestas por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La compañía, que operaba un sistema de radiocomunicación privada, perdió su permiso y se le impuso un crédito fiscal. En su defensa, promovió un juicio de amparo argumentando que las penalizaciones eran desproporcionadas y violaban sus derechos. Sin embargo, los ministros de la Corte desestimaron estos argumentos y respaldaron el marco regulatorio del órgano garante.
El aval de la Corte recae específicamente sobre los artículos 303, fracción III, y 304 de la LFTR. Para el sector empresarial —que engloba desde proveedores de internet y telefonía hasta operadores de radio y televisión—, esto significa reglas claras y consecuencias implacables:
Pérdida del negocio base: El Estado puede revocar de manera definitiva los títulos de concesión o autorizaciones de las empresas que cometan faltas graves a la ley.
Congelamiento de 5 años: Una vez revocada la concesión, la empresa infractora queda inhabilitada por un lustro, impidiéndole participar en nuevas licitaciones u obtener nuevos permisos en el sector durante ese periodo.
Seguridad Jurídica: La Corte determinó que estas reglas no son arbitrarias, sino que son plenamente compatibles con el artículo 16 de la Constitución.
"Los procedimientos y causas de revocación de concesiones y autorizaciones buscan garantizar la adecuada prestación de actividades de interés público. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de proteger y supervisar dichas actividades para asegurar el cumplimiento de su función social", concluyó el Pleno.