El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución determinante que define el rumbo legal del controvertido registro obligatorio de telefonía en el país. Al resolver la Contradicción de Criterios 111/2026 durante su sesión de este 5 de octubre, el máximo tribunal ordenó que todas las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles sean turnadas exclusivamente a tribunales especializados, poniendo bajo un escrutinio técnico y regulatorio a los grandes operadores del mercado como Telcel, AT&T y Movistar.
6 de octubre 2026 - 12:35
Telcel, AT&T y Movistar bajo la lupa: SCJN envía amparos del registro celular a jueces especializados
El máximo tribunal del país determinó que las demandas contra los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles requieren conocimientos técnicos profundos y no pueden ser resueltas por tribunales ordinarios.
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Fallo clave de la SCJN en telecomunicaciones.
Los ministros concluyeron que la naturaleza de estas normativas —publicadas originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025— exige conocimientos jurídicos y tecnológicos altamente especializados que escapan al dominio de un juzgado administrativo tradicional.
Por ello, la competencia recaerá de forma definitiva e improrrogable en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, órganos que mantienen su residencia en la Ciudad de México pero cuentan con jurisdicción en toda la República Mexicana.
Las nuevas obligaciones corporativas: entre la libre competencia y la seguridad pública
En su argumentación, la Corte explicó que los lineamientos impugnados van mucho más allá de un simple padrón o trámite burocrático. El nuevo marco regulatorio incide directamente en el fomento a la libre concurrencia dentro del sector, dictando reglas sobre aspectos técnicos fundamentales como el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
Asimismo, establece directrices sobre la interconexión, el manejo de tarifas, el modelo de concesiones y la operación general de las redes públicas, buscando prevenir actos monopólicos que impidan el acceso a nuevos competidores en los mercados.
Por otro lado, el Pleno del máximo tribunal expuso que esta normativa fue diseñada también como una herramienta de política pública enfocada en la seguridad, lo que inevitablemente traslada una carga operativa mayúscula a las compañías proveedoras del servicio de telefonía.
Las empresas no solo deberán acatar lineamientos administrativos, sino que asumen obligaciones estrictas relacionadas con el resguardo masivo de la información privada de los usuarios, la creación y mantenimiento de plataformas de bases de datos, y las consecuencias jurídicas que genere la correcta o incorrecta implementación del registro celular.
