Las mermeladas y esencias emergen como los rubros con mayor potencial de acceso preferencial para exportar.
Los subproductos elaborados son el segmento con mayor potencial de acceso preferencial al mercado europeo bajo el nuevo acuerdo Mercosur-UE.
Con la entrada en vigor provisional del acuerdo Mercosur-UE prevista para el 1 de mayo, el gobierno comenzó a articular con el sector privado una hoja de ruta para el sector hortifrutícola y se llegó a la conclusión de que hay nuevas oportunidades, pero también amenazas.
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La semana pasada, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) fue el escenario de un encuentro en el que participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, y el presidente de la UAM, José Saavedra.
El mecanismo de desgravación arancelaria pactado en el acuerdo no es uniforme. Mientras los productos frescos verán una reducción paulatina de aranceles, los subproductos elaborados como mermeladas, conservas y esencias accederán a mejores condiciones en forma más acelerada. Esa asimetría es, según Csukasi, la principal oportunidad táctica para Uruguay.
"Veamos si se puede invertir en reconvertir y modernizar para que agreguemos mayor valor y que ingrese mejor al mercado europeo", planteó la jerarca. La apuesta implica redirigir parte de la producción primaria hacia la agroindustria, un proceso que demanda inversión, tiempo y política pública de acompañamiento.
Del otro lado de la ecuación, el sector privado puso el foco en un riesgo concreto: los vegetales congelados y listos para preparar de origen europeo, que podrían ganar terreno en el mercado local a medida que bajen los aranceles de importación. Se trata de un segmento con alta escala productiva en Europa y precios competitivos, frente al cual la industria uruguaya deberá prepararse.
Csukasi reconoció el desafío y subrayó que el gobierno deberá garantizar que "las empresas uruguayas compitan en igualdad de condiciones". Eso incluye tanto la aplicación de políticas de protección en la fase de implementación como la identificación de segmentos donde la promoción activa tenga mayor retorno.
Carámbula enfatizó que el acuerdo no solo abre oportunidades sino que también puede generar disrupciones en algunos subsectores de la granja. En ese marco, describió un proceso de trabajo conjunto entre el MGAP, otros organismos del Estado y las gremiales privadas, orientado a identificar los factores críticos y construir una hoja de ruta de cara a las distintas fases de apertura.
La fecha es concreta y está próxima. Con el acuerdo entrando en vigor en menos de seis semanas, el margen para definir estrategias es acotado. La discusión que comenzó en la UAM deberá traducirse rápidamente en decisiones de política industrial, financiamiento y promoción comercial.
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