Este jueves comienza lo que será el primer y arduo trabajo del Frente Amplio (FA) en el Parlamento: el debate para aprobar la ley “exprés” de rescate para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), el cual se avecina complejo no solo por la presión autoimpuesta del gobierno de resolver la situación en el plazo máximo de un mes, sino también por los reparos desde la oposición y desde el mismo instituto previsional.
Podría decirse que será el bautismo de fuego, la primera oportunidad de la nueva Legislatura de lucirse en el tratamiento de un proyecto de ley; pero, sobre todo, de la bancada frenteamplista y su capacidad de negociación en la Cámara baja, donde no hay mayorías automáticas.
Es que el proyecto de modificación de la ley orgánica de la Caja de Profesionales fue oficialmente remitido al Parlamento el miércoles —junto con la iniciativa para postergar las elecciones del directorio del organismo, previstas originalmente para junio—; y este jueves a las 14 está convocada la primera sesión de la comisión especial integrada por las de Legislación y Presupuesto.
“Como consecuencia de la acumulación de tensiones previsionales de orden demográfico y financiero que persisten en la última década, agudizadas desde el ejercicio 2019 por la acumulación de resultados operativos negativos en su fondo jubilatorio, se evidencia palmariamente una grave erosión de sus reservas de capital, a tal extremo que, de no actuar legalmente, se agotarían en el próximo mes de julio”, sostiene el proyecto en su exposición de motivos, que lleva la firma del presidente Yamandú Orsi y del gabinete de ministros.
Como ya se había adelantado, la iniciativa busca “conferir sostenibilidad financiera a la Caja a largo plazo preservando su autonomía y régimen previsional, fortaleciendo su estructura de ingresos y despejando la inminente cesación de pagos”.
Para ello, la idea es implementar modificaciones al sistema actual: una nueva tasa de aportación; una nueva escala de sueldos fictos y opción de cambio de escala de fictos; plazos especiales de convergencia de regímenes; cambios graduales en la edad de retiro y causal anticipada por extensa carrera laboral; ajuste de años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio; cambios en la asignación de jubilación; establecimiento de una contribución pecuniaria progresiva sobre asignación de jubilación y pensión; asistencia a cargo del Estado; cambio en actualización de valor en los recursos indirectos (timbres profesionales); y la estimulación de la permanencia en actividad de los profesionales afiliados.
A contrarreloj y con varios obstáculos
La situación de la Caja de Profesionales es entendida en el actual gobierno como una de las “bombas” heredadas de la gestión anterior; y una de las que quiere desactivar lo antes posible: el objetivo es tener para el 30 de mayo la ley aprobada. No solo porque los fondos de la Cjppu alcanzarían para el pago de las obligaciones solo hasta julio, sino porque el Poder Ejecutivo quiere empezar a cerrar “cráteres” que limitan el margen de movimiento económico y fiscal ya de por sí estrecho.
La negociación será compleja para el FA que, en palabras del legislador Gabriel Otero, está listo para hacer algunas concesiones a la oposición. La Coalición Republicana había pedido un diálogo social al respecto de la conflictiva situación y no lo obtuvo, y ahora apunta a que el escenario actual es responsabilidad del ahora oficialismo: de haber dado sus votos para ley en 2023, no se habría llegado a la crisis actual.
El desafío para el gobierno será lograr los acuerdos necesarios y en un tiempo acotado con una oposición que no siente la urgencia suficiente como para avanzar en lo que consideran como un debate apurado. Y que, sobre todo, no vislumbra liderazgos oficialistas con experiencia y peso suficiente como para generar un proceso de negociación que logre un acuerdo que conforme mínimamente a todos.
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