Un asunto de Estado para el gobierno y el rechazo de sus implicados: las tres claves del proyecto para la Caja de Profesionales

La iniciativa fue enviada recientemente al Parlamento y se espera que se trate a la brevedad.

El proyecto de la Caja de Profesionales todavía no tiene fecha en el Parlamento.

Foto: Teledoce

El Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento un proyecto de ley para salvar financieramente a la Caja de Profesionales que viene padeciendo su situación desde el gobierno anterior. Entre los cuestionamientos de sus implicados y las intenciones de la gestión de actual de solucionar rápidamente la situación, enterate cuáles son las claves a tener en cuenta.

Hace unos días, referentes del gobierno actual salieron a dar explicaciones del porqué del proyecto y aseguraron que desde el Poder Ejecutivo se tomó el "rescate" de la Cajas de Profesionales como "un asunto de Estado".

¿Qué dice el proyecto para la Caja de Profesionales?

En sí, la propuesta implicará un aumento del 9%, que se abonará mensualmente y representará entre 40 y 45 millones de dólares al año, mientras el Estado realizará una “inyección de recursos” equivalente a hasta dos tercios de ese monto, es decir hasta 30 millones, según pudo saber Ámbito.

Al mismo tiempo, se incrementarán los valores de los timbres profesionales en función de inflación y salarios, teniendo en cuenta la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS) y del Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que permitirá al organismo contar con ingresos adicionales.

Entre las medidas que contempla la iniciativa aparece una contribución pecuniaria por parte de los jubilados a partir de determinados niveles de ingreso, así como un aumento en la tasa de aportes de los trabajadores activos.

Esto incluye modificaciones en el esquema voluntario de contribuciones que les permitirá adecuar sus pagos a sus posibilidades, así como cambios en el sistema de ajuste del precio de los timbres profesionales.

La negativa de los implicados

Luego de la presentación del proyecto, el director de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez, lo criticó duramente y aseguró que se trata de la misma iniciativa que presentó en el gobierno anterior a fines de 2023. En un comunicado, el jerarca apuntó a que los redactores del nuevo proyecto son “los mismos tecnócratas de escritorio que elaboraron aquella ley que fue rechazada en el Parlamento”; e instó a seguir trabajando en una fórmula para garantizar la sostenibilidad de la Cjppu de manera en que no recaiga sobre los profesionales.

“Es también importante transmitirles que para quedar liberados de las presiones políticas, gremiales y del enorme colectivo de casi 180.000 afiliados a la Caja, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley de un artículo, para postergar las elecciones de autoridades de la Caja de Profesionales fijada por la Corte Electoral para el próximo 12 de junio, y postergándola para finales del año. Necesitan que no haya ruido de los profesionales interesados en el futuro de la Caja, para poder aprobar esta mala Ley Express II”, expresó, asimismo, Rodríguez.

Evitar el default

Posterior a la entrega del proyecto en el Parlamento, para el cual todavía no hay una fecha destinada aunque se insistió en su pronto tratamiento, el director Nacional de Seguridad del MTSS aseguró que el objetivo principal de la administración es evitar el default.

“Tenemos que evitar el default, la caída de la Caja Profesional es un incidente gravísimo no solo desde el punto de vista material sino previsional”, expresó el jerarca en rueda de prensa tras entregar el proyecto a Orsi; y agregó: “En menos de 45 días este gobierno estableció un rescate, una base legal de rescate para la Caja Profesional y el soberano, el Parlamento nacional, va a tener que tomar una decisión al respecto”.

Sobre el contenido del proyecto de ley, Di Doménico destacó que “le exige a los afiliados a la Caja hacerse cargo en primera instancia de su seguro social a través de mecanismos contributivos que son redistributivos”. Es decir, tal y como se había adelantado, implica el aporte de todos los sectores involucrados en el instituto previsional, a través de una aumento en la tasa de aportación de los activos y de la carga impositiva sobre los pasivos.

Asimismo, “el Estado, garante en última instancia de la estabilidad de un seguro social, de estas características, cumple con una asistencia directa sin condicionamientos, eso es una diferencia muy importante”, apuntó el director de Seguridad Social. Si la iniciativa logra la aprobación parlamentaria, el Estado —a través de Rentas Generales— pasará a aportar 110 millones de pesos mensuales a la Caja.