La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que la administración anterior no cumplió con algunas metas ambientales.
El gobierno acusa a la gestión anterior de incumplimientos en las metas ambientales del bono verde, por las que Uruguay deberá abonar unos 42 millones de dólares extra.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que Uruguay deberá afrontar el pago de unos 42 millones de dólares extra en la próxima década por incumplimientos de la gestión anterior en las metas ambientales asociadas al bono verde, emitido hace casi tres años.
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El Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), que salió al mercado en octubre de 2022 y fue reconocido a nivel mundial, establece objetivos puntuales en cuanto a la reducción del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la conservación del área del bosque nativo.
De acuerdo a lo informado por Cardona en diálogo con Canal 5, la administración de Luis Lacalle Pou incumplió algunas de las metas asociadas al título y el país deberá pagar mayores intereses a partir de 2027, por un monto que desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) estiman en alrededor de 42 millones de dólares, a un ritmo de 6 millones al año.
El título sostenible cuenta con dos indicadores de desempeño (KPI), uno ligado a la reducción en el total de emisiones brutas de dióxido de carbono por unidad de PBI real (KPI-1) y otro relacionado al mantenimiento del área de bosques nativos (KPI-2).
De acuerdo al último reporte, publicado por la Unidad de Gestión de Deuda UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en mayo pasado y que recoge datos de 2023, el KPI-1 mostró una reducción del 46% en emisiones GEI) con respecto a los niveles de 1990, con un valor similar a 2022.
Detrás de ese movimiento, se observaron mayores emisiones de óxido nitroso, vinculadas al uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos en el agro, mientras disminuyeron las de dióxido de carbono, asociadas al menor consumo de combustibles fósiles en el transporte terrestre y la generación de electricidad.
En cuanto al KPI-2, se mantuvo por completo la superficie de bosque nativo y se logró expandirla en 11.832 hectáreas, cerca de un 1,4% con respecto a 2016, gracias a una mejora en la regeneración natural, el aumento de la cobertura vegetal y las iniciativas de restauración.
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