El ministro de Desarrollo Social y autoridades del organismo exponen en el Parlamento tras cuatro muertes que generaron alarma y preocupación.
La oposición interpela a Civila por la muerte de menores bajo tutela del INAU.
La muerte de cuatro menores que se encontraban bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), entre fines de 2025 y comienzos de 2026, volvió a generar cuestionamientos al sistema de protección estatal y el pedido de interpelación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a las autoridades del instituto en la Cámara de Diputados.
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Desde las 10 de la mañana de este martes, el Parlamento debate sobre la situación de niños y adolescentes registrados en el INAU, en una sesión convocada tras el pedido del Partido Nacional (PN), Pedro Jisdonian, quien actúa como miembro interpelante y busca explicaciones sobre la gestión del organismo y la reacción ante los fallecimientos registrados.
La convocatoria se centra en la actuación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del directorio del INAU luego de una serie de fallecimientos ocurridos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Durante esos meses, un adolescente que estaba bajo el cuidado del organismo se suicidó, otro murió ahogado en la bahía de Capurro en la noche del 31 de diciembre, un tercero falleció por un cuadro de gastroenterocolitis y el cuarto murió debido a un paro cardiorrespiratorio.
Durante su exposición en Diputados, Jisdonian sostuvo que las muertes reflejan problemas “estructurales” dentro del sistema de protección y cuestionó tanto la gestión como la supervisión de los centros dependientes del INAU. El legislador afirmó que las tragedias “se pudieron evitar” y responsabilizó a las autoridades por no haber actuado frente a advertencias e informes previos elaborados por organismos nacionales e internacionales.
“¿Cómo es posible que con toda la estructura del Mides y del INAU, se nos mueran 20 hijos del Estado en un solo año? Eso no es falta de presupuesto, eso es falta de gestión”, expresó el diputado nacionalista, quien también mencionó informes de Amnistía Internacional y de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los problemas que presenta el sistema.
La oposición ha puesto el foco no solo en las muertes recientes, sino también en el funcionamiento general de los centros de protección, donde aseguran que existen situaciones de violencia, consumo problemático de sustancias y captación de adolescentes por redes delictivas. Además, cuestionan la respuesta pública que dieron las autoridades luego de los fallecimientos y sostienen que hubo fallas de comunicación y falta de autocrítica.
En la antesala de la interpelación, Jisdonian había señalado en redes sociales que cuando el Estado decide separar a un menor de su familia “hace una promesa” de cuidado y protección que, a su entender, no se cumplió. “Había advertencias. Había informes. Había diagnósticos. El problema fue falta de acción”, escribió el legislador.
El oficialismo, por su parte, ha defendido la actuación de las autoridades y sostiene que el sistema enfrenta dificultades acumuladas desde hace años, además de situaciones complejas vinculadas a la salud mental, las adicciones y la vulnerabilidad extrema de muchos adolescentes que ingresan a la órbita estatal.
En ese marco, Civila comparece ante Diputados acompañado por integrantes del directorio del INAU para responder los cuestionamientos y detallar las medidas adoptadas tras los casos que detonaron la convocatoria parlamentaria. El sistema de protección de infancia y adolescencia es un tema que desde hace años genera preocupación entre organizaciones sociales y cruces políticos sobre el alcance de las estrategias implementadas.
Mientras diputados interpelan a las autoridades, en el Senado se discute la creación del comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia. En este caso, el nuevo organismo asesor de los legisladores cumplirá la función de análisis y control de los organismos que trabajan con menores bajo su custodia.
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