El fiscal de Corte Juan Gómez podría ser relevado del Ministerio Público de Uruguay luego del traslado de Gabriela Fossati.
El oficialismo se alejó del fiscal de Corte, Juan Gómez, luego de que este decidiera trasladar a la fiscal Gabriela Fossati y relegarla de la investigación en torno al caso Astesiano; y al interior del gobierno ya se habla de un posible reemplazo para el magistrado en el Ministerio Público de Uruguay.
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El costado judicial del caso Astesiano sigue dando que hablar y ya se ha convertido en un capítulo propio de la novela que se generó en torno al exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano; causando su propio revuelo no solo en la opinión pública, sino también al interior del sistema político.
En esta ocasión, la decisión del fiscal de corte Gómez no sentó bien entre las filas oficialistas, que entendieron la decisión de apartar a Fossati de la causa de los pasaportes falsificados como una forma de ceder ante las presiones de Diego Camaño, el abogado del dirigente frenteamplista Gustavo Leal.
Así ya lo había dejado entender el senador del Partido Nacional (PN), Jorge Gandini, al asegurar que le parecía “insólito” que Gómez trasladara a una fiscal “a pedido de un abogado defensor”, en referencia a que la medida se tomó luego de que Camaño advirtiera que denunciaría oficialmente a Fossati por “incumplimiento de obligaciones funcionales” —algo que el magistrado negó.
Pero el descontento en la Coalición Multicolor creció inversamente proporcional al respaldo político del fiscal de Corte.
Lo cierto es que el traslado de Fossati —convertido en una “posibilidad real” luego de los diversos escándalos que protagonizó la fiscal durante las últimas semanas (la indagación de Leal, los audios filtrados en lo que insinuaba influencia política en la investigación contra el excustodio, la denuncia penal por difamación y la investigación administrativa sobre su colega Fernando Romano por violencia de género)— podría haber precipitado la salida de Gómez de la Fiscalía de Corte.
El magistrado argumentó su decisión en la necesidad de evitar el “ruido mediático” que la fiscal estaba generando, mientras que desde el oficialismo lo entienden como un error frente a las presiones de la oposición, lo que puso una vez más sobre la mesa la necesidad de su relevo en el Ministerio Público.
“Se acerca el momento en que tiene que dar un paso al costado”, señaló Gandini, al respecto, sintetizando la conclusión del mar de críticas que se embraveció dentro del gobierno. Un ejemplo es el del también senador del PN, Sebastián da Silva, quien señaló que “vale todo con tal de encubrir a dirigentes de izquierda”
Por su parte, la legislador Graciela Bianchi consideró que Gómez quedó atrapado en la disputa que existe entre los dos bandos de la Fiscalía —con Jorge Díaz a la cabeza de la otra parte—, y que su decisión demostró la “pérdida de objetividad”; mientras que el diputado colorado Gustavo Zubía consideró que “hay una coalición que está cansada de este tipo de noticias”.
En ese sentido, la coincidencia en el oficialismo es que el presidente Luis Lacalle Pou deberá tomar cartas en el asunto y poner “orden” frente a la falta de la mayoría necesaria para relevar a Gómez de su cargo —motivo de que la designación se encuentre trabada en el Senado. En principio, desde la coalición confirmaron que elevarán el tema a Presidencia.
Cabe recordar que, si bien Gómez fue respaldado inicialmente por la coalición gobernante, el fiscal está subrogando en la Fiscalía de Corte, y pasará a retiro en 2025, cuando cumpla 70 años. En este contexto, el oficialismo quiere mover las piezas antes de que se termine la gestión de gobierno, y la designación de un sustituto tomó mayor relevancia luego del traslado de Fossati.
Por su parte, al jerarca del Ministerio Público ninguna de estas reacciones lo toma por sorpresa: él ya conocía las posibles consecuencias de su decisión, y había comentado a allegado que la determinación de designar a Fossati a la Fiscalía de Flagrancia de 16° turno —y a Sabrina Flores como la nueva titular de la 9° turno— podía costarle el cargo. Algo que podría suceder en tanto el oficialismo entiende el movimiento interno como una ayuda para el frenteamplista Leal.
La izquierda, en tanto, mantiene el silencio y se abstiene de dar opiniones al respecto más que pedir "respaldo institucional" para no empantanar más la situación, que quedaría, finalmente, en manos de Lacalle Pou.
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