El Poder Ejecutivo busca disponer la obligación de guardias mínimas en Terminal Cuenca del Plata, con un "efecto similar" a la esencialidad.
El gobierno avanza a contrarreloj para garantizar la operativa en el Puerto de Montevideo.
El gobierno avanza a contrarreloj para emitir una normativa que obligue al sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) a garantizar guardias mínimas durante las medidas de fuerza, de modo que pueda asegurarse el funcionamiento de la principal unidad operativa de contenedores del Puerto de Montevideo.
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Avanzan las horas y, con ellas, se agota el plazo límite que el Poder Ejecutivo dispuso tanto a Katoen Natie —la empresa socia mayoritaria de TCP— y el sindicato para alcanzar un acuerdo en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo y un conflicto que ya lleva más de seis meses y 40 días de interrupciones totales o parciales en el puerto. Sin embargo, las partes no parecen estar más cerca de dirimir sus diferencias, que se sustentan principalmente en la delimitación de las guardias gremiales, la duración total que tendrá el nuevo convenio colectivo y la redacción de la cláusula de paz.
En ese sentido, la empresa belga presentó formalmente el pedido de declaración de esencialidad en la actividad portuaria, un reclamo también impulsado por los sectores agroexportadores y la oposición; pero que el gobierno sigue descartando para esta situación, incluso cuando la consideran una herramienta válida llegadas las circunstancias.
Pese a insistir en no avanzar con el decreto de esencialidad en el Puerto de Montevideo, el Poder Ejecutivo emitirá una normativa que, según consignó Subrayado, tiene un efecto similar. Se trata de la obligatoriedad de que el sindicato de TCP mantenga guardias mínimas que aseguren el funcionamiento de la terminal de contenedores.
Este es un punto medio entre la negativa de algunos sectores del gobierno a avanzar en la esencialidad —con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, a la cabeza, quien insiste en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no incluye al puerto entre las actividades a decretar esenciales—; y la creciente preocupación en el sector empresarial por las consecuencias de la distorsión portuaria, clave en la exportación, principal fuente de ingresos del país.
El jueves, tras un encuentro con todos los intendentes del país, el presidente Yamandú Orsi aseguró que se estaba tratando de "encontrar la salida", que "no ha sido fácil". "Lo fundamental es no echarle nafta al fuego", consideró, en referencia a la situación delicada que atraviesa el conflicto en el puerto.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de decretar la esencialidad, Orsi dejó abierta la herramienta, pero descartó utilizarla en las actuales circunstancias. “Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Veamos cómo sigue, ojalá que no”, afirmó.