Alejandro Sánchez destacó el fin de la disputa laboral, mientras el Ejecutivo estudia iniciativas para una segunda terminal que podrían derivar en un juicio.
Alejandro Sánchez celebró el acuerdo sindical con TCP.
El gobierno celebró el acuerdo alcanzado entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa Katoen Natie, que permitió poner fin a un extenso conflicto laboral en el Puerto de Montevideo, aunque, mientras se cierra ese frente, comienza a tomar fuerza una nueva disputa vinculada al proyecto para instalar una segunda terminal especializada de contenedores.
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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se mostró “conforme” con el entendimiento y aseguró que el equipo de gobierno “trabajó mucho” para alcanzar una solución. “Es una buena noticia para el Uruguay”, afirmó, al destacar especialmente la estabilidad que busca aportar el nuevo convenio.
“Estamos generando las condiciones de mediar para que en una empresa, la terminal de contenedores, la más importante del puerto, haya un acuerdo que va a implicar cinco años de garantías para los trabajadores de TCP, para la empresa y, por sobre todas las cosas, para el comercio exterior uruguayo”, sostuvo Sánchez.
El acuerdo llegó después de una negociación por un nuevo convenio colectivo que se extendió durante meses y estuvo atravesada por sucesivos paros que afectaron total o parcialmente la operativa portuaria.
La negociación había comenzado el 31 de mayo y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) se declaró formalmente en conflicto el 30 de junio. Entre los principales puntos de discusión aparecieron la cantidad de jornales garantizados, una partida extraordinaria y un pago excepcional por determinadas tareas.
El entendimiento alcanzado bajo la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece las bases para un convenio colectivo con una vigencia prevista de cinco años. Sánchez destacó particularmente el papel del ministro de Trabajo, Juan Castillo, a quien atribuyó haber identificado “cuáles eran los puntos críticos para poder avanzar”.
“Logramos flexibilidad de la empresa, flexibilidad del sindicato y, como en Uruguay siempre, con diálogo avanzamos y resolvemos”, valoró el secretario de Presidencia. El acuerdo supone además una señal de estabilidad para una terminal relevante para el comercio exterior, después de un conflicto que generó preocupación entre organizaciones empresariales por las reiteradas interrupciones de la actividad.
Pero mientras el gobierno celebra el cierre de la disputa laboral, la relación con Katoen Natie enfrenta otro posible foco de conflicto, esta vez por las iniciativas que están siendo estudiadas para desarrollar una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo.
Consultado sobre la posibilidad de que la compañía belga, que controla el 80% de TCP, inicie un juicio contra el Estado si avanza una segunda terminal, Sánchez evitó anticipar una posición del Ejecutivo.
“Hay varias iniciativas que se están tramitando y estudiando”, señaló el jerarca, quien recordó que “Uruguay tiene un marco jurídico determinado y se están estudiando. Una vez que haya un informe técnico de las iniciativas, podemos dar una opinión”. Las propuestas se encuentran actualmente bajo análisis de los servicios técnicos, según explicó el secretario de Presidencia.
La advertencia de Katoen Natie surgió ante la iniciativa privada presentada por Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, para desarrollar una nueva terminal especializada de contenedores, denominada Montevideo Container Terminal (MCT).
El proyecto contempla una inversión de 900 millones de dólares y una capacidad para movilizar hasta 1,15 millones de TEU por año. La infraestructura propuesta incluye aproximadamente 940 metros de línea de atraque, 38 hectáreas de superficie operativa y capacidad para recibir simultáneamente dos buques post-Panamax.
Katoen Natie advirtió que la eventual aceptación de esa iniciativa podría llevar a la compañía a abrir un diferendo con el Estado uruguayo en el marco del tratado de protección de inversiones. El gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Fernando Correa, había señalado que una aceptación administrativa de la iniciativa privada tendría como respuesta la notificación de un diferendo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM).
La empresa sostiene que una segunda terminal competidora afectaría la ecuación económica del proyecto que desarrolla actualmente y entraría en contradicción con elementos del acuerdo vigente con Uruguay, entre ellos las condiciones para dimensionar otra terminal especializada y la estabilidad jurídica del contrato.