El aval de dos representantes blancos a los fideicomisos impulsados por la Intendencia generó la reacción de la dirigencia que exigió analizar los casos.
El Partido Nacional envía a Ética a los ediles que habilitaron los préstamos para Montevideo.
La decisión de dos ediles del Partido Nacional (PN) de acompañar los préstamos promovidos por la Intendencia de Montevideo para financiar obras de limpieza, saneamiento, calles, veredas e iluminación derivó en una fuerte controversia interna entre blancos que decidieron remitir el caso al Tribunal de Ética partidaria para resolver las tensiones dentro del sector.
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El Directorio del PN resolvió enviar a la Comisión o Tribunal de Ética a los ediles Nicolás Hernández y Joaquín Campos, integrantes de la lista 22 y vinculados al sector del dirigente Santiago Caramés, por haber respaldado los fideicomisos impulsados por la administración departamental frenteamplista.
La votación se produjo en la Junta Departamental de Montevideo, donde el Frente Amplio (FA) necesitaba una mayoría especial de 21 votos para aprobar los mecanismos de financiamiento. La bancada oficialista contaba con 17 ediles propios y logró alcanzar el número requerido gracias al apoyo de los dos nacionalistas, del edil colorado Federico Paganini y del representante independiente Guillermo Kruse.
Los votos fueron determinantes para habilitar préstamos destinados a financiar obras consideradas estratégicas por la Intendencia. Entre ellas figura el denominado Plan de Limpieza, que prevé la ampliación de la Usina Felipe Cardozo y la adquisición de 250.000 contenedores para la gestión de residuos. También se aprobó un préstamo de hasta 40 millones de dólares para obras de veredas e iluminación en la franja costera, además de intervenciones peatonales y mejoras en entornos de asentamientos y distintos barrios de la capital.
A ello se suma otro financiamiento por 40 millones de dólares para un plan de recuperación de calles, que contempla unas 40 obras de reconstrucción parcial y total de pavimentos de hormigón. En tanto, el proyecto de saneamiento urbano por 130 millones de dólares recibió respaldo unánime de todos los partidos con representación en la Junta Departamental.
La reacción de las autoridades del Partido Nacional no tardó en llegar. La conducción entendió que la decisión de los dos ediles se apartó de la posición mayoritaria de la bancada y resolvió analizar su conducta en el ámbito ético interno.
El edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien votó en contra de algunos de los fideicomisos, afirmó que durante el proceso no existieron presiones políticas ni intervenciones de dirigentes nacionales. En declaraciones radiales sostuvo que el expresidente Luis Lacalle Pou no participó en las negociaciones y descartó que hubiera existido un “verticalazo” desde el Directorio o la Departamental de Montevideo.
Según explicó, la mayoría de los ediles blancos había comunicado previamente su rechazo a los préstamos vinculados a obras de calles y veredas, y cuestionó que los representantes de la lista 22 no canalizaran su postura a través de la bancada partidaria antes de votar. Gómez señaló que las gestiones realizadas para unificar la posición fueron “institucionales y legítimas”, aunque reconoció que el episodio dejó secuelas en la interna. “El clima está muy tenso, hay confianzas que se han roto”, advirtió.
La controversia también se desarrolla en medio del debate político sobre el alcance de las inversiones proyectadas por la Intendencia y el papel de la oposición departamental. Desde sectores nacionalistas sostienen que el rechazo a determinados fideicomisos no implica una oposición a las obras para Montevideo, y recuerdan que anteriormente acompañaron la aprobación del presupuesto departamental.