La habilitación al acceso a los fondos permitirá a la mutualista la reestructuración de sus pasivos y tener liquidez para afrontar las urgencias financieras.
El Senado aprobó por unanimidad el Fondo de Garantía de 120 millones de dólares para Casmu.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite el acceso del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu) al Fondo de Garantía por hasta 120 millones de dólares, uno de los elementos que había quedado para un segundo tiempo tras la prórroga de la intervención en la mutualista.
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Algo más de 20 días después de que la Cámara alta diera media sanción al proyecto de ley que extendía la intervención en Casmu —la cual sería ratificada también en la Cámara de Diputados, a contrarreloj—, los senadores dieron curso, ahora, a otro de los elementos que contemplaba la iniciativa legislativa, pero que, ante el escaso margen para el debate, se había resuelto postergar para un tratamiento independiente y pormenorizado: el acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, creado por la ley Nº18.439.
El monto solicitado asciende a casi 740 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a 4.900 millones de pesos o 120 millones de dólares; y el acceso de Casmu al mismo fue votado por unanimidad. A partir de esto, la mutualista podrá acceder al dinero para reestructurar sus pasivos y tener liquidez para afrontar las urgencias financieras de la institución.
Si bien el acceso al Fondo de Garantía fue aprobado por unanimidad, el artículo 3 incorporado por la bancada del Frente Amplio (FA) no tuvo la misma suerte, y obtuvo luz verde solo con los votos del oficialismo. Este aditivo busca establecer que todas las instituciones que soliciten acceso al dinero del fondo, una vez reglamentada la ley, deban tener la "no objeción del Poder Ejecutivo" sobre sus directivos antes de las elecciones internas.
Según explicó el senador frenteamplista Daniel Borbonet, el objetivo es establecer exigencias sobre quienes conducirán la institución durante el período de devolución del préstamo —entre 17 y 20 años—; sobre todo, considerando que el dinero en cuestión es dinero público de Rentas Generales, por lo que termina siendo toda la población la que paga.
En concreto, la no objeción propuesta implica que los candidatos a integrar las directivas no estén inhabilitados legalmente, no tengan conflictos de intereses y cuenten con experiencia en conducción de instituciones. “En este momento podemos tener muchísima confianza en la actual directiva, pero las otras…”, planteó el senador, poniendo en duda las anteriores dirigencias. “Hoy en 2026 nos encontramos con que no solamente es dar un alivio financiero, sino que tenemos que ser exigentes”, afirmó Borbonet, quien defendió la necesidad de “planes de reestructuras funcionales, pero también de gobernanza”.
"Lamentablemente lo que no se llegó a un acuerdo", lamentó: "No fue votada por la oposición y salió con los votos nuestros. Ojalá en Diputados pueda ser votada".
Por su parte, el senador del Partido Colorado (PC) y líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, explicó la negativa de la oposición de acompañar dicha iniciativa: "nos produce mucho temor", señaló respecto de que "el Poder Ejecutivo quiere arrogarse a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud Pública la facultad de vetar en determinada situaciones a los directivos de esas instituciones que acceden al Fondo de Garantía y eso obviamente que no está bien".