Las cámaras empresariales denuncian sobrecostos por la acumulación de camiones en los accesos y la reorganización de escalas navieras.
Pese al reinicio parcial de las tareas bajo pautas mínimas, las firmas del rubro sostienen que la Terminal Cuenca del Plata perdió fluidez operativa en plena ventana de embarque.
El conflicto entre el sindicato portuario y la Terminal Cuenca del Plata (TCP) entra en una nueva semana sin acuerdo definitivo, mientras el Poder Ejecutivo intenta sostener una salida intermedia, los "servicios mínimos", que no conforma a ninguna de las partes.
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La oposición sigue reclamando la esencialidad plena, el PIT-CNT rechaza incluso la medida ya decretada por considerarla excesiva, y desde el sector productivo advierten que el daño a la imagen del país ya está hecho.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, consideró este lunes que el país dejó "prestigio en el camino" con el conflicto en la terminal de contenedores, en la medida en que compradores internacionales no recibieron mercadería a tiempo por la paralización de la actividad. "Uruguay empieza a perder algo o arriesga algo que tiene y que nos costó muchísimo construir", advirtió. Sobre la medida de servicios mínimos, Ferber fue cauteloso: "Si el servicio mínimo asegura no seguir con estos problemas, nos parece bien. Si no lo hace, va a haber que seguir trabajando para que el puerto trabaje con normalidad, más allá de si hay problemas entre el sindicato y la empresa, que son atendibles, pero no pueden afectar el trabajo de todos los demás".
El viernes pasado, tras semanas de paros y sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo resolvió por decreto establecer "servicios mínimos", de carácter transitorio y limitado, en la Terminal de Contenedores, en lugar de declarar la esencialidad que reclamaba parte de la oposición y que la propia TCP había pedido por escrito al ministro Juan Castillo y a Presidencia. La resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y de Transporte y Obras Públicas detalla las prestaciones portuarias indispensables que deben garantizarse ante medidas gremiales, entre ellas la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores con un manejo mínimo de 25 por hora, y los servicios de almacenamiento y depósito.
La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, fue explícita en diferenciar la medida de la esencialidad: "No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos". El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó la decisión como un "hito importante" y remarcó que "nunca se decretaron los servicios mínimos para ningún sector" en Uruguay.
Para el sector de la Coalición Republicana que venía reclamando la esencialidad, la medida del gobierno resulta insuficiente en los hechos pero cargada de un cálculo político. El senador nacionalista Javier García sostuvo que "no es un tema semántico, es una esencialidad edulcorada, pero es una esencialidad a los efectos de evitar una crisis política con el ministro Juan Castillo en la interna del Frente Amplio".
García fue más allá al describir el costo reputacional del conflicto: "Hoy pasó a ser un puerto conflictivo para las navieras y para las empresas que operan. Miran el puerto de Montevideo sustantivamente diferente de cómo lo miraban antes", y remarcó que el gobierno deberá "trabajar mucho" para recuperar "la normalidad y la seriedad" de una terminal "que no puede vivir de un paro tras otro".
Del otro lado, la central sindical rechazó la medida por excesiva, aunque por motivos inversos a los de la oposición. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT consideró que las prestaciones fijadas por el decreto "se acercan a una situación de normalidad en el trabajo", mientras ratificaba su solidaridad con los trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y exhortaba "en especial a la empresa" a redoblar esfuerzos para cerrar un convenio colectivo. El presidente de la central, Marcelo Abdala, calificó los servicios mínimos de "excesivos" en la misma línea.
El propio Supra fue un paso más allá: rechazó formalmente la resolución por entender que "limita el derecho sindical" y anunció que solicitará asesoramiento a la Sala de Abogados del PIT-CNT para definir los pasos a seguir, además de pedir una reunión con los ministerios de Trabajo, de Transporte y con el secretario de Presidencia.
Además de la ARU, otras voces empresariales metieron presión con matices. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, calificó la medida de "insuficiente": "Capaz que no es la mejor solución, pero si destraba los problemas que hoy está teniendo el puerto, puede ser. Pero otros miembros de la confederación nos han avisado que el tema no es tan sencillo, hay espera de los camiones, hay pérdidas, y no va a ser tan fluido como si estuviera trabajando al 100%". El propio decreto no estableció mecanismos de control para garantizar su cumplimiento, lo que abre la puerta, según advirtieron desde el sector, a que la empresa deba recurrir a otras vías si los mínimos fijados no se respetan ante nuevas medidas sindicales.
Con las negociaciones formales retomadas en el Ministerio de Trabajo y sin acuerdo total todavía, el gobierno confía en que la vía institucional que, según destacó Etcheverry, ya redujo "sustantivamente" la paralización desde que se encauzó en ese ámbito derive en un convenio colectivo entre TCP y el sindicato. Hasta que eso ocurra, la discusión de fondo sobre si Uruguay debía haber ido directamente a la esencialidad sigue abierta, con la oposición y el sector productivo reclamando más firmeza y el movimiento sindical denunciando que el gobierno ya fue demasiado lejos.