Lo detuvieron en su casa, lo imputaron por siete delitos y un año después la fiscal dijo que no había elementos para acusarlo.
"Mi familia pasó muy mal. La vida sigue pero son cosas que no deberían pasar", dijo el intendente de Soriano tras conocer el pedido de sobreseimiento.
Casi un año después de que la policía llegara a su casa a detenerlo, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, recibió la noticia que esperaba: la fiscal, Luisa Vago, solicitó su sobreseimiento y el de los demás jerarcas imputados en la causa, lo que cierra el caso para todos.
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Besozzi salió a hablar ante la prensa con alivio, pero también con bronca. "Hoy retomo y vuelvo a creer en la Justicia", dijo, antes de apuntar contra el sistema que lo tuvo bajo investigación durante meses.
El origen de todo fue un incendio en la sede del sindicato de funcionarios municipales de Soriano, Adeom, ocurrido en mayo de 2021. Allí se quemaron decenas de cheques sin fondo para proveedores y se perdió documentación que mostraba el dinero que se les descontaba a los socios del sindicato. Del análisis de los teléfonos de la dirigencia sindical surgió una red de venta de insumos de la intendencia y la investigación fue escalando hasta llegar a la cúpula del gobierno departamental.
En 2024 fueron imputados el presidente y el tesorero de Adeom Soriano, al constatarse que se apropiaban de combustible y otros productos del gobierno departamental que después vendían en beneficio propio. La causa siguió creciendo y el 13 de marzo de 2025 llegó al entonces exintendente Besozzi, quien había renunciado al cargo para hacer campaña por su reelección.
Besozzi fue sorprendido en su casa cuando llegó la policía a detenerlo. Fue trasladado y sobre la medianoche fue imputado por la Justicia por varios delitos: peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. Como medida cautelar, debió cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica durante 180 días.
Junto a Besozzi fueron detenidos y formalizados otros seis jerarcas de la Intendencia: el secretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi, sobrino del intendente, el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres. En total la causa llegó a tener más de 35 personas imputadas.
Desde el primer momento Besozzi se defendió públicamente. Aseguró que en sus 26 años de trayectoria política no había cometido delitos. "No sé bien cómo surge todo esto. No sé bien cómo termino en todo esto. Sólo sé que soy inocente. Sólo sé que yo no toqué nada. No cambié nada para mí. No gestioné nada a cambio de nada", dijo.
Pese a la situación judicial, Besozzi se presentó a las elecciones departamentales de mayo de 2025 y ganó. La Corte Electoral resolvió archivar la solicitud de suspender su ciudadanía por una mínima diferencia de votos, cinco a cuatro, en el entendido de que el imputado no había recibido condena firme. El intendente asumió el cargo y continuó en funciones mientras la causa seguía su curso.
Este miércoles la fiscal Vago, que tomó el caso tras la fiscal original Stella Alciaturi, solicitó el sobreseimiento de Besozzi y de los demás imputados, cerrando la causa sin condena. El intendente habló ante la prensa y fue explícito sobre lo que vivió. "Siempre dije que era inocente. Me hicieron pasar mal y si había gente intencionada para que yo pasara mal, pasé mal. Mi familia pasó muy mal. La vida sigue pero son cosas que no deberían pasar", dijo.
Besozzi también recordó un detalle que consideró relevante desde el arranque de la causa: "Acuérdense que no voté", remarcó, en referencia a que no había participado de las decisiones que derivaron en las imputaciones.
Pero el pasaje más duro de su declaración fue contra el Código del Proceso Penal. "Hoy retomo y vuelvo a creer en la Justicia y este Código del Proceso Penal creo que hay que reformar algunas cosas porque queda librado a que cada uno lo interpreta como quiere", disparó. Y fue más concreto aún sobre el trato que recibieron sus colaboradores: "A mis compañeros los fueron a buscar esposados para hoy decirles que no había elementos para acusarlos".
La crítica al Código del Proceso Penal no es nueva en el sistema político uruguayo. El propio presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el martes ante la Asamblea General que enviará al Parlamento una reforma del Código en el primer semestre de 2026, elaborada por un grupo asesor técnico durante 2025.
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