El jerarca remarcó que el 73% de los homicidios se comete con armamento e insistió en aplicar el límite de ocho unidades por usuario para frenar la violencia.
El prosecretario Jorge Díaz instó a discutir la seguridad como un problema de Estado y desvincularlo de la disputa electoral.
El prosecretario de Presidencia de Uruguay, Jorge Díaz, aseguró que la pobreza "va a bajar mucho más" a partir de 2027, cuando comience a implementarse la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, creada en la última Rendición de Cuentas, pero reconoció que la evolución de los homicidios está lejos de los objetivos del gobierno, pese a los recursos destinados a la seguridad pública.
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En diálogo con La mañana de la diaria, Díaz se refirió al aumento de 13% de los homicidios en los primeros nueve meses de 2026 respecto del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio del Interior y sostuvo que "la realidad está lejos de las aspiraciones del gobierno" y del "esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestal".
En ese sentido, estimó que el Estado destina alrededor de 1.300 millones de dólares a la seguridad, una cifra que consideró significativa en comparación con los presupuestos de otros ministerios. Sin embargo, advirtió que la asignación de recursos no garantiza por sí sola los resultados esperados y planteó la necesidad de analizar el funcionamiento de las políticas públicas.
Consultado sobre la posibilidad de replantear la estrategia nacional de seguridad, el prosecretario señaló que la decisión corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, remarcó que "no hay verdades reveladas" en esta materia y recordó que todos los partidos políticos registraron aumentos de delitos durante sus gobiernos.
"No es un fenómeno nuevo", sostuvo, aunque aclaró que esa constatación no debe utilizarse como justificación, sino como punto de partida para "analizar al detalle qué cosas se están haciendo mal". También pidió que la seguridad se discuta de forma transversal, sin convertirla en "un botín político", porque se trata de un problema que afecta a toda la sociedad uruguaya.
Uno de los puntos que consideró más preocupantes es la cantidad de armas de fuego en circulación. Según Díaz, aproximadamente el 73% de los homicidios se comete con armas de fuego, una proporción que, a su entender, refleja la dimensión del problema.
El jerarca también señaló que hubo dificultades para avanzar en el Parlamento con modificaciones legislativas vinculadas a la regulación de armas, debido a resistencias de la oposición. Sobre el decreto impulsado por el Ministerio del Interior, que busca regular armas y municiones y establece un límite de ocho por usuario, consideró que "va a significar un gran avance". De todas formas, advirtió que "la realidad no cambia por la aprobación de un decreto" y subrayó la importancia de garantizar su aplicación y seguimiento para que las medidas tengan efectos concretos.
Ante las críticas del exministro del Interior y senador suplente del Partido Nacional Nicolás Martinelli por las cifras de homicidios, Díaz descartó que estas representen un flanco para el gobierno. En cambio, destacó los resultados de las políticas públicas aplicadas en las últimas semanas, producto de un trabajo sostenido.
En materia social, Díaz valoró los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que mostraron una reducción de la pobreza en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. El prosecretario sostuvo que la tendencia se profundizará el próximo año con la puesta en marcha de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.
El jerarca explicó que la reducción de la pobreza responde al aumento del salario real y de las jubilaciones, así como a las políticas de transferencias destinadas a los hogares de menores ingresos. Entre ellas mencionó el Bono Crianza, dirigido a los sectores más vulnerables. La nueva asignación, creada en la última Rendición de Cuentas, será uno de los instrumentos que el gobierno espera utilizar para profundizar la mejora de los indicadores sociales desde 2027.
Díaz también se refirió a la inversión de 5.700 millones de dólares anunciada por la empresa española Solaria para desarrollar un parque tecnológico en Uruguay, un proyecto que prevé generar 1.500 puestos de trabajo.
Explicó que la iniciativa se encuentra en una etapa de negociación y que su participación está vinculada a colaborar en la discusión de los distintos contratos. En el proceso también tendrán un papel central los ministerios de Industria y Ambiente y las empresas públicas involucradas.
El prosecretario defendió la necesidad de ampliar la capacidad energética del país ante una demanda mundial creciente. Respecto de las condiciones de venta de energía y del acuerdo entre Solaria y UTE, aseguró que las negociaciones no comprometerán la estabilidad financiera de la empresa estatal. "De ninguna manera, y mucho menos en un gobierno del Frente Amplio, que ha defendido a las empresas públicas, se van a tomar decisiones que perjudiquen su desarrollo", afirmó.
Por último, el exfiscal de Corte se refirió a la discusión sobre la designación de un titular para la Fiscalía de Corte, luego de que el presidente Orsi señalara que no existe urgencia para concretar el nombramiento.
Díaz consideró conveniente designar a un fiscal o una fiscal de Corte titular, porque eso aporta transparencia y legitimidad a quien ejerza la responsabilidad. Sobre las negociaciones para alcanzar un consenso, indicó que el tema está siendo gestionado por otros integrantes del gobierno, aunque reafirmó su posición favorable a una salida acordada. "Seré siempre partidario de una negociación por acuerdo político", concluyó.