El expresidente y actual prosecretario del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu), Raúl Rodríguez, fue removido de su cargo por decisión de la asamblea, al advertir presuntas irregularidades durante una auditoría.
El expresidente y actual prosecretario de la mutualista fue apartado junto a otros tres directivos por presuntas irregularidades advertidas en una auditoría.
Raúl Rodríguez fue removido de Casmu por presuntas irregularidades.
El expresidente y actual prosecretario del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu), Raúl Rodríguez, fue removido de su cargo por decisión de la asamblea, al advertir presuntas irregularidades durante una auditoría.
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En el comunicado difundido por el Casmu este jueves, además de Rodríguez fueron apartados el tesorero Juan Areosa y los suplentes de ambos. Andrea Zumar y Marcelo Gilard, en una decisión tomada por mayoría.
La mutualista, intervenida por el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde mediados de 2024 en medio de problemas económicos y financieros, por decisión del Parlamento, definió además denunciar a Fiscalía los hechos y “promover una acción civil de recupero”.
Al hacerse eco de la noticia, Rodríguez apuntó contra una maniobra política y, en diálogo con Radio Monte Carlo aseguró que se trata de “un linchamiento planificado” por su carácter de opositor a la conducción.
A su entender, el episodio “atenta contra la democracia institucional” de la directiva elegida por el voto de los profesionales de la salud y cargó directamente contra la ministra Cristina Lustemberg.
“Esta situación le va a explotar en la cara", aseguró sobre la jerarca, que será interpelada la semana próxima en el Parlamento por su accionar en el caso de la anestesista María Inés Miralles, condenada por homicidio y a quien le había reducido la sanción de cinco años de inhabilitación profesoinal, algo que fue revocado por un decreto del presidente Yamandú Orsi.
Finalmente, Rodríguez calificó de “títeres” a la directiva actual y acusó de querer “el desguace y cierre” de la institución, para luego calificar la denuncia de “mamarracho” y asegurar que iniciará acciones legales para ir “hasta las últimas consecuencias”.
De cara al futuro de la investigación, afirmó: “No tenemos fueros y por lo tanto vamos a concurrir como cualquier ciudadano cuando la Fiscalía o los jueces nos llamen a declarar”.