La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula el acceso de las mutualistas al Fondo de Garantías luego de un acuerdo entre el Frente Amplio (FA) y la oposición que introdujo modificaciones sobre el monto disponible, los aportes de los socios capitalizadores del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu), el destino del dinero y los mecanismos de control.
El Parlamento aprobó cambios al Fondo de Garantías para Casmu
El fondo bajará inicialmente de 122 millones a unos 110 millones de dólares y podrá ampliarse si los socios capitalizadores cumplen un plan de aportes.
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El Senado aprobó por unanimidad el Fondo de Garantía de u$s 120 millones para Casmu
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Casmu remarcó que no solicitará "un salvataje ni una inyección de dinero por parte del Estado"
Hubo acuerdo en el Parlamento por los cambios al Fondo de Garantías de Casmu.
El entendimiento se produjo después de que blancos y colorados hicieran valer su mayoría en la comisión de Salud integrada con Hacienda, donde el texto fue modificado y votado por unanimidad. La oposición había adelantado sus principales reparos durante la comparecencia de la semana pasada del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
El proyecto crea un mecanismo para el acceso a garantías, por lo que no supone el vuelco directo de recursos a las instituciones, sino que busca permitir un reperfilamiento de su situación financiera. La propuesta original contemplaba alrededor de 122 millones de dólares.
El fondo bajó a unos 110 millones de dólares
Uno de los principales cambios acordados fue que el monto inicial quedara en alrededor de 110 millones de dólares, aunque podrá ampliarse hasta 742.543.719 UI, equivalentes a unos 122 millones de dólares, más intereses, si se cumplen determinadas condiciones.
Para acceder a esa ampliación, el Ministerio de Salud Pública (MSP) deberá aprobar previamente un plan de capitalización de los socios capitalizadores del Casmu, quienes deberán realizar un aporte de capital equivalente al 8% del monto garantizado en un plazo máximo de 48 meses.
Según el texto acordado, esos recursos tendrán como destino inversiones en infraestructura o tecnología y el plan de capitalización deberá contemplar los aportes en función del ingreso individual.
El porcentaje fue objeto de negociación entre los partidos. La propuesta inicial de la oposición era fijar el aporte en un 10%, mientras que el oficialismo planteaba un 4%, hasta que finalmente se alcanzó un punto intermedio del 8%. También existieron diferencias sobre los plazos: la oposición pretendía 24 meses y se acordaron los 48 meses propuestos por el FA.
El planteo para que los médicos capitalizadores contribuyeran había sido impulsado originalmente por el senador colorado Pedro Bordaberry y no había prosperado en el Senado, pero posteriormente fue retomado por los diputados colorados.
“También varios de nosotros hemos estado expresando la necesidad de que los médicos capitalizadores contribuyan desde su lugar”, había planteado la diputada colorada Nibia Reisch, quien mencionó la propuesta de que cada médico realizara un aporte mensual de 57 dólares. El objetivo planteado es que los médicos cooperativistas aporten en total unos 200.000 dólares en diez años.
El Ejecutivo no podrá objetar a los directivos
Otro de los cambios impulsados por la oposición fue la eliminación del artículo 3, que habilitaba al Poder Ejecutivo a objetar designaciones de autoridades de las mutualistas que accedieran al Fondo de Garantías.
El proyecto original establecía que, a los efectos de proteger el interés público comprometido mediante las garantías, las instituciones debían “asegurar” que los integrantes de sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva reunieran determinadas condiciones.
Entre ellas figuraban poseer “idoneidad y experiencia adecuadas”, contar con condiciones de “honorabilidad e integridad” y no mantener conflictos de interés incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
El Poder Ejecutivo quedaba habilitado a objetar una designación mediante una resolución fundada y exclusivamente por el incumplimiento de esas condiciones. La no objeción también alcanzaba a los candidatos que se presentaran a cargos de dirección mediante elecciones. Finalmente, ese artículo fue retirado del proyecto y será estudiado de forma separada en la comisión de Constitución.
Los prestamistas quedaron afuera del plan
El destino del dinero fue otro de los puntos que sufrió modificaciones. La oposición había cuestionado que parte de las garantías estuviera destinada al pago de financiamiento no bancario. El diputado blanco José Luis Satdjian había advertido que el plan presentado contemplaba utilizar el 10% del Fondo de Garantías, unos 480 millones de pesos o aproximadamente 12 millones de dólares, para pagar a prestamistas.
“Quizás sería prudente retirar ese pago a los prestamistas y que se les pague con otros fondos, por ejemplo, con fondos de Casmu, con fondos que provengan de los médicos capitalizadores o con otras alternativas financieras”, había planteado Satdjian.
Finalmente, los prestamistas quedaron fuera del plan de reestructura vinculado al Fondo de Garantías, luego de que el oficialismo recogiera el planteo de la oposición.
El Parlamento recibirá informes cada tres meses
El acuerdo incorporó, además, mayores mecanismos de seguimiento sobre la situación de la mutualista. El proyecto aprobado obliga al Casmu, al MSP y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a remitir trimestralmente a la Asamblea General información sobre el “estado de avance del plan de reestructuración aprobado”.
De esta manera, la aprobación en Diputados se produjo con un texto diferente al planteado originalmente por el gobierno, después de una negociación en la que oficialismo y oposición acercaron posiciones sobre los principales puntos en discusión.
